Amnistía Internacional - Enero de 2012
¿Ha mejorado la situación de los derechos humanos de la población en 2011 como consecuencia de los levantamientos en Oriente Medio y Norte de África?
No cabe duda de que en 2011 muchas personas de toda la región sufrieron graves violaciones de derechos humanos en una escala extrema. Para la población de Siria, Yemen, Egipto y Bahréin, entre otros, la protección de los derechos humanos todavía puede parecer una perspectiva remota.
La resistencia de los manifestantes en 2011 ha cambiado el contexto de los derechos humanos en la región. El alcance y el grado de brutalidad de la represión ejercida por algunos Estados han avergonzado a aliados y donantes que antes estaban dispuestos a pasar por alto violaciones de derechos humanos en nombre de la estabilidad.
Muy pocos podían imaginar, ni siquiera en enero de 2011, que la Liga de los Estados Árabes iba a suspender la condición de miembro a Libia al mes siguiente por razones de derechos humanos. En Bahréin, la acción represiva del gobierno suscitó tanta preocupación internacional y oposición interna que el rey tomó la medida sin precedentes de encargar una investigación internacional independiente sobre los hechos; el informe correspondiente, de 500 páginas, ofrecía un estremecedor relato de violaciones de derechos humanos. Ahora queda la duda de si las autoridades van a aplicar sus recomendaciones.
Hasta Siria, país consentido durante mucho tiempo por aliados que bloqueaban resoluciones y ayudaban de otras formas al régimen cuando cometía crímenes de lesa humanidad, se vio obligado a aceptar la visita de observadores de la Liga Árabe al final del año.
Menos de un año después de la caída del ex presidente Zin el Abidín ben Alí, el presidente interino de Túnez es un activista de derechos humanos y ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, Moncef Marzouki. En una reunión con representantes de la sociedad civil tunecina, Moncef Marzouki firmó el Manifiesto por el Cambio de Amnistía Internacional y se comprometió a adoptar 10 medidas clave en materia de derechos humanos. Le exigiremos que cumpla sus promesas, como lo harán los miles de personas que salieron a protestar hace un año.
En otros Estados de la región, como Arabia Saudí y Argelia, la incidencia de protestas multitudinarias en 2011 fue menor. No obstante, muchos confían en que los acontecimientos del año pasado sirvan para que sus gobiernos, que han venido demorando la adopción de medidas destinadas a mejorar el respeto de los derechos humanos, acometan reformas reales que debían haber realizado hace tiempo.
¿Cuántas personas han muerto en los distintos levantamientos por toda la región?
Túnez: Según datos oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas durante las revueltas en diciembre de 2010 y enero de 2011.
Egipto: Según el Ministerio de Salud egipcio, al menos 848 personas perdieron la vida durante las revueltas de enero y febrero. Con posterioridad, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de alrededor de un centenar de muertes más en protestas.
Yemen: Más de 200 personas han resultado muertas en relación con las protestas desde febrero, y cientos más han perdido la vida en enfrentamientos armados.
Siria: Según afirmó la ONU en diciembre, en su opinión se había dado muerte a más de 5.000 personas desde el inicio de las protestas en marzo, incluidos desertores del ejército, civiles y personas que habían sido ejecutadas por negarse a disparar contra manifestantes. La propia Amnistía Internacional ha documentado con detalle 4.401 muertes aunque piensa que el número real es muy superior. Al término del año, Amnistía Internacional había recibido informes sobre más de 210 casos de muerte bajo custodia, un índice más de 40 veces superior al promedio anual más reciente de Siria.
Bahréin: Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de al menos 48 personas muertas en las protestas desde febrero.
Libia: Miles de civiles y combatientes perdieron la vida tras el levantamiento contra el coronel Gadafi en febrero. Ha sido imposible confirmar el número exacto debido a las dificultades para acceder a extensas zonas de Libia en los periodos de conflicto así como a la interrupción de los servicios médicos y la ausencia de patólogos forenses en muchas partes del país.
¿Quiénes deben rendir cuentas por los abusos cometidos contra manifestantes en 2011?
En Egipto se está juzgando al ex presidente Mubarak, al ex ministro del Interior Habib Ibrahim al Adly y a otros seis ex altos cargos de la policía por múltiples cargos, incluido el de “homicidio con premeditación de algunos participantes en las protestas pacíficas de la revolución de enero de 2011”, por el que la acusación ha pedido la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, por infames que puedan ser los delitos. Hosni Mubarak, sus dos hijos y un socio comercial próximo se enfrentan además a cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Otros juicios celebrados contra miembros de las fuerzas de seguridad de menor graduación normalmente han concluido con su absolución.
El ex presidente de Túnez, Zin el Abidín ben Alí, huyó el 14 de enero de 2011 a Arabia Saudí, donde permanece exiliado a pesar de que las autoridades tunecinas han solicitado al gobierno saudí su extradición. Ben Alí está siendo juzgado –in absentia– desde diciembre junto a unos 40 altos cargos por el homicidio de manifestantes. Desde junio de 2011, Ben Alí y varios miembros de su familia han sido declarados culpables in absentia de varios delitos, entre ellos malversación de fondos, posesión ilegal de armas y drogas, fraude hipotecario y abuso de poder.
En Libia, el homicidio de Muamar Gadafi, cuya detención había ordenado la Corte Penal Internacional, frustró toda posibilidad de que miles de víctimas de abusos cometidos bajo su régimen obtuvieran justicia. Su hijo Saif al Islam al Gadafi, también reclamado por la Corte por cargos de crímenes de lesa humanidad, está recluido en Zintan bajo la custodia de una milicia armada que hasta la fecha se ha negado a entregarlo al Consejo Nacional de Transición o a permitirle el acceso a un abogado. Aún no está claro dónde va a ser juzgado. Abdalá al Sanussi, ex jefe de los servicios de inteligencia libios, también está reclamado por la Corte y continúa en libertad. Las autoridades libias han solicitado a Túnez la extradición del ex primer ministro Baghdadi Mahmudi para su enjuiciamiento. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades tunecinas que no permitan su extradición si corre peligro de sufrir tortura y de que lo sometan a un juicio manifiestamente injusto en Libia.
En Bahréin, el gobierno ha anunciado a principios de 2012 que se está investigando a 48 agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas antigubernamentales de 2011. La Fiscalía ha afirmado que está investigando 107 casos de violaciones de derechos humanos que incluyen tortura, muertes bajo custodia y homicidios ilegítimos.
Amnistía Internacional ha solicitado una investigación internacional, independiente e imparcial sobre las continuas violaciones de derechos humanos de Yemen, y ha condenado la inmunidad frente al procesamiento para el presidente Alí Abdulá Salé y otros a cambio de abandonar el cargo que al parecer forma parte de un acuerdo sobre el traspaso de poderes firmado en noviembre de 2011. Según informes, el nuevo ministro de Derechos Humanos firmó el 19 de diciembre que se establecería una comisión independiente e imparcial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2011. Queda por ver si se va a cumplir.
La organización pidió en abril por primera vez que se remitiera la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, y ha seguido haciéndolo cuando han surgido nuevas pruebas de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Debido a la determinación con que algunos países protegen a Siria a toda costa en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China, se sigue eludiendo la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional en el país.
Algunos comentaristas han insinuado que el éxito de los partidos islamistas en Túnez y Egipto supone una amenaza para los derechos humanos. ¿Qué postura tiene al respecto Amnistía Internacional?
Los movimientos y partidos islamistas han sido duramente reprimidos durante años en varios países de Oriente Medio y Norte de África. Los manifestantes de 2011 reclamaban mayor libertad para expresar sus ideas políticas y asociarse libremente. Ahora que se presenta la oportunidad de romper con décadas de represión, concretamente para Túnez, Libia y Egipto, es preciso aprovecharla respetando el derecho de todas las personas a no sufrir discriminación y a la igualdad de género, así como su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y a la igualdad.
No podemos hacer conjeturas sobre lo que va a hacer ningún grupo político en el gobierno. Pero exigiremos a todos los gobiernos que rindan cuentas en función de las mismas normas internacionales de derechos humanos. Esperamos que adopten y mantengan reformas fundamentales en materia de derechos humanos, como la promulgación de disposiciones legales que protejan a las mujeres de la discriminación y la violencia basada en el género y la reforma de todas las leyes y prácticas que discriminen a minorías religiosas, étnicas o de otra índole. En particular, los derechos de las mujeres no pueden ser sacrificados en el proceso de transición.
En el periodo anterior a las elecciones parlamentarias celebradas en Egipto y Túnez, Amnistía Internacional se puso en contacto con los partidos políticos de ambos países para pedirles que formularan 10 compromisos para proteger los derechos humanos. Fue muy decepcionante que varios partidos plantearan reservas con respecto a la igualdad de género, la no discriminación y la pena de muerte.
¿Qué papel han representado las mujeres en las revueltas y cómo afectan los cambios en la región a sus derechos?
La concesión del Premio Nobel de la Paz en octubre a Tawakkol Karman, destacada activista yemení partidaria de las reformas, junto a otras dos mujeres supone el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en los levantamientos del año pasado. En Bahréin, Siria o Irak, las mujeres estuvieron en el centro de las manifestaciones y el activismo, y no se libraron de algunos de los peores episodios de violencia.
La visible participación de las mujeres en el levantamiento de Egipto creó expectativas sobre el avance de sus derechos tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. La realidad ha sido una aplastante decepción. Desde que asumió el poder, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha sometido a mujeres manifestantes a “pruebas de virginidad” forzosas y otros tratos brutales durante las manifestaciones, incluidas palizas y abusos sexuales. Las mujeres son excluidas por sistema de la toma de decisiones prácticamente en todos los niveles. El comité elegido para proponer enmiendas constitucionales se constituyó con ocho juristas, entre los que no había una sola mujer. El Consejo Supremo canceló además la ley de cuotas que aseguraba a las mujeres la ocupación de escaños en el Parlamento, sin que fuera sustituida por alguna medida destinada a garantizar la igualdad de participación de las mujeres en la vida política. Es probable que debido a ello el nuevo Parlamento egipcio contenga un número muy reducido de parlamentarias.
En Túnez, el gobierno provisional retiró las reservas del país a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que supuso un importante avance hacia la igualdad de género y un buen precedente para otros gobiernos. Pero en las elecciones de octubre, muchas mujeres vieron con inquietud cómo se les impedía participar en pie de igualdad con los hombres y eran marginadas por los partidos políticos, que presentaron mayoritariamente a hombres en sus principales candidaturas.
En Libia, la rápida transformación de las protestas antigubernamentales en un conflicto armado en toda regla redujo la visibilidad y participación de las mujeres en primera línea, aunque muchas contribuyeron al esfuerzo opositor y sufrieron las consecuencias. Las fuerzas de Gadafi detuvieron a mujeres durante el conflicto y golpearon a muchas, en medio de informes de violaciones. Algunas mujeres detenidas por fuerzas afines al Consejo Nacional de Transición en Al Zawiya, Trípoli y Misrata afirmaron que habían sufrido abusos sexuales antes o en el transcurso de la detención. La representación de las mujeres en instituciones influyentes sigue siendo escasa. En diciembre, el Consejo Nacional de Transición sólo contaba con dos mujeres entre sus 61 miembros de designación pública y, de los 27 integrantes del nuevo gobierno, sólo dos eran mujeres. En octubre hubo una señal preocupante: el máximo dirigente del Consejo manifestó públicamente su apoyo a la poligamia.
En Bahréin, miles de mujeres participaron en las manifestaciones contra el gobierno, varias decenas fueron detenidas y, según informes, algunas sufrieron tortura u otros malos tratos.
En Yemen se ha hostigado, detenido y en algunos casos golpeado a mujeres activistas y otras por participar en las protestas. Algunas también han recibido amenazas a través de su familia: se ha conminado a sus familiares varones a controlarlas y restringir su activismo.
En Arabia Saudí también se sumaron mujeres a las protestas en la Provincia Oriental y otras zonas, principalmente para pedir la liberación de sus familiares varones recluidos sin cargos ni juicio durante años. Se detuvo a decenas, que normalmente no fueron liberadas hasta que familiares varones se comprometieron por escrito a garantizar que no volverían a hacerlo. Además, se puso en marcha una campaña para que las mujeres empezaran a conducir vehículos a partir del 17 de junio como medida de protesta por la prohibición. Según informes, decenas de mujeres se sumaron a la iniciativa; algunas fueron detenidas y obligadas a firmar documentos en los que se comprometían a desistir. Al menos dos se enfrentaron a juicio. En septiembre, en aparente reacción a las aspiraciones de cambio, el rey anunció que a partir de 2015 las mujeres podrían votar y presentarse a las elecciones municipales, únicos comicios públicos que se celebran en el país. Se trataba de un paso discreto pero bien recibido para superar la discriminación profundamente arraigada que sufren las mujeres en Arabia Saudí.
En 2012, al continuar su lucha por la igualdad de acceso a los espacios públicos, las mujeres deben participar plenamente y en pie de igualdad con los hombres en el proceso de reforma política y de derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África. Debe reconocerse a mujeres y hombres la igualdad de acceso a la participación política y la toma de decisiones, así como los mismos derechos en la legislación en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, entre otras cosas. Las mujeres deben tener protección jurídica frente a la violencia basada en el género –que incluye la violencia en el ámbito familiar y la violación conyugal– y el acoso sexual.
¿Qué espera Amnistía Internacional que suceda en 2012?
Los gobiernos de los países que están en proceso de transición en toda la región deben demostrar que tienen voluntad política para ofrecer cambios reales. La población ha demostrado con toda claridad que quiere derechos humanos ahora y no va a aceptar ningún retraimiento de las promesas de reforma. Ha llegado el momento de poner freno a las fuerzas de seguridad, formar a la policía en el respeto de los derechos humanos y tomar medidas apropiadas contra los autores de abusos. Es preciso someter a una revisión minuciosa los sistemas judiciales injustos y preservar la independencia del poder judicial. La elaboración de nuevas constituciones en Túnez, Egipto y Libia será una oportunidad clave para consagrar los derechos humanos en la legislación, lo que incluye eliminar la discriminación y garantizar la justicia social.
Las víctimas y sus familiares deben empezar a ver que se rinden cuentas por los delitos cometidos contra ellos. Para ello debe haber investigaciones efectivas, independientes e imparciales sobre los miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y, si existen pruebas para sustentarlo, se debe procesar a esas personas en un juicio justo y garantizar una reparación plena a las víctimas.
Otros gobiernos de la región han de corregir la manera de enfocar los asuntos de seguridad y estabilidad nacional. Deben poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad y acometer sin demora reformas fundamentales en el sector de la justicia, en el aparato de seguridad y en las leyes que son discriminatorias o facilitan de otro modo la comisión de violaciones de derechos humanos.
Otros Estados y la comunidad internacional no deben reanudar prácticas que pasan por alto o incluso facilitan la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos de la región, especialmente en relación con las transferencias de armas. En 2011, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados que suministraban armamento a Siria, Libia, Bahréin, Yemen y Egipto que revisaran caso por caso todas sus transferencias y transacciones comerciales de armas. Al término del año, algunos países proveedores de armas pretendían reanudar el comercio habitual con estos países a pesar de la falta de indicios sobre un claro proceso de cambio, reformas reales del aparato de seguridad y el fin de la impunidad.
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| Marcha por la ciudad de El Cairo a la plaza Tahrir, viernes 18 de noviembre de 2011 © Amnistía Internacional / Andrea Bodekull |
No cabe duda de que en 2011 muchas personas de toda la región sufrieron graves violaciones de derechos humanos en una escala extrema. Para la población de Siria, Yemen, Egipto y Bahréin, entre otros, la protección de los derechos humanos todavía puede parecer una perspectiva remota.
La resistencia de los manifestantes en 2011 ha cambiado el contexto de los derechos humanos en la región. El alcance y el grado de brutalidad de la represión ejercida por algunos Estados han avergonzado a aliados y donantes que antes estaban dispuestos a pasar por alto violaciones de derechos humanos en nombre de la estabilidad.
Muy pocos podían imaginar, ni siquiera en enero de 2011, que la Liga de los Estados Árabes iba a suspender la condición de miembro a Libia al mes siguiente por razones de derechos humanos. En Bahréin, la acción represiva del gobierno suscitó tanta preocupación internacional y oposición interna que el rey tomó la medida sin precedentes de encargar una investigación internacional independiente sobre los hechos; el informe correspondiente, de 500 páginas, ofrecía un estremecedor relato de violaciones de derechos humanos. Ahora queda la duda de si las autoridades van a aplicar sus recomendaciones.
Hasta Siria, país consentido durante mucho tiempo por aliados que bloqueaban resoluciones y ayudaban de otras formas al régimen cuando cometía crímenes de lesa humanidad, se vio obligado a aceptar la visita de observadores de la Liga Árabe al final del año.
Menos de un año después de la caída del ex presidente Zin el Abidín ben Alí, el presidente interino de Túnez es un activista de derechos humanos y ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, Moncef Marzouki. En una reunión con representantes de la sociedad civil tunecina, Moncef Marzouki firmó el Manifiesto por el Cambio de Amnistía Internacional y se comprometió a adoptar 10 medidas clave en materia de derechos humanos. Le exigiremos que cumpla sus promesas, como lo harán los miles de personas que salieron a protestar hace un año.
En otros Estados de la región, como Arabia Saudí y Argelia, la incidencia de protestas multitudinarias en 2011 fue menor. No obstante, muchos confían en que los acontecimientos del año pasado sirvan para que sus gobiernos, que han venido demorando la adopción de medidas destinadas a mejorar el respeto de los derechos humanos, acometan reformas reales que debían haber realizado hace tiempo.
¿Cuántas personas han muerto en los distintos levantamientos por toda la región?
Túnez: Según datos oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas durante las revueltas en diciembre de 2010 y enero de 2011.
Egipto: Según el Ministerio de Salud egipcio, al menos 848 personas perdieron la vida durante las revueltas de enero y febrero. Con posterioridad, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de alrededor de un centenar de muertes más en protestas.
Yemen: Más de 200 personas han resultado muertas en relación con las protestas desde febrero, y cientos más han perdido la vida en enfrentamientos armados.
Siria: Según afirmó la ONU en diciembre, en su opinión se había dado muerte a más de 5.000 personas desde el inicio de las protestas en marzo, incluidos desertores del ejército, civiles y personas que habían sido ejecutadas por negarse a disparar contra manifestantes. La propia Amnistía Internacional ha documentado con detalle 4.401 muertes aunque piensa que el número real es muy superior. Al término del año, Amnistía Internacional había recibido informes sobre más de 210 casos de muerte bajo custodia, un índice más de 40 veces superior al promedio anual más reciente de Siria.
Bahréin: Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de al menos 48 personas muertas en las protestas desde febrero.
Libia: Miles de civiles y combatientes perdieron la vida tras el levantamiento contra el coronel Gadafi en febrero. Ha sido imposible confirmar el número exacto debido a las dificultades para acceder a extensas zonas de Libia en los periodos de conflicto así como a la interrupción de los servicios médicos y la ausencia de patólogos forenses en muchas partes del país.
¿Quiénes deben rendir cuentas por los abusos cometidos contra manifestantes en 2011?
En Egipto se está juzgando al ex presidente Mubarak, al ex ministro del Interior Habib Ibrahim al Adly y a otros seis ex altos cargos de la policía por múltiples cargos, incluido el de “homicidio con premeditación de algunos participantes en las protestas pacíficas de la revolución de enero de 2011”, por el que la acusación ha pedido la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, por infames que puedan ser los delitos. Hosni Mubarak, sus dos hijos y un socio comercial próximo se enfrentan además a cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Otros juicios celebrados contra miembros de las fuerzas de seguridad de menor graduación normalmente han concluido con su absolución.
El ex presidente de Túnez, Zin el Abidín ben Alí, huyó el 14 de enero de 2011 a Arabia Saudí, donde permanece exiliado a pesar de que las autoridades tunecinas han solicitado al gobierno saudí su extradición. Ben Alí está siendo juzgado –in absentia– desde diciembre junto a unos 40 altos cargos por el homicidio de manifestantes. Desde junio de 2011, Ben Alí y varios miembros de su familia han sido declarados culpables in absentia de varios delitos, entre ellos malversación de fondos, posesión ilegal de armas y drogas, fraude hipotecario y abuso de poder.
En Libia, el homicidio de Muamar Gadafi, cuya detención había ordenado la Corte Penal Internacional, frustró toda posibilidad de que miles de víctimas de abusos cometidos bajo su régimen obtuvieran justicia. Su hijo Saif al Islam al Gadafi, también reclamado por la Corte por cargos de crímenes de lesa humanidad, está recluido en Zintan bajo la custodia de una milicia armada que hasta la fecha se ha negado a entregarlo al Consejo Nacional de Transición o a permitirle el acceso a un abogado. Aún no está claro dónde va a ser juzgado. Abdalá al Sanussi, ex jefe de los servicios de inteligencia libios, también está reclamado por la Corte y continúa en libertad. Las autoridades libias han solicitado a Túnez la extradición del ex primer ministro Baghdadi Mahmudi para su enjuiciamiento. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades tunecinas que no permitan su extradición si corre peligro de sufrir tortura y de que lo sometan a un juicio manifiestamente injusto en Libia.
En Bahréin, el gobierno ha anunciado a principios de 2012 que se está investigando a 48 agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas antigubernamentales de 2011. La Fiscalía ha afirmado que está investigando 107 casos de violaciones de derechos humanos que incluyen tortura, muertes bajo custodia y homicidios ilegítimos.
Amnistía Internacional ha solicitado una investigación internacional, independiente e imparcial sobre las continuas violaciones de derechos humanos de Yemen, y ha condenado la inmunidad frente al procesamiento para el presidente Alí Abdulá Salé y otros a cambio de abandonar el cargo que al parecer forma parte de un acuerdo sobre el traspaso de poderes firmado en noviembre de 2011. Según informes, el nuevo ministro de Derechos Humanos firmó el 19 de diciembre que se establecería una comisión independiente e imparcial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2011. Queda por ver si se va a cumplir.
La organización pidió en abril por primera vez que se remitiera la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, y ha seguido haciéndolo cuando han surgido nuevas pruebas de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Debido a la determinación con que algunos países protegen a Siria a toda costa en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China, se sigue eludiendo la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional en el país.
Algunos comentaristas han insinuado que el éxito de los partidos islamistas en Túnez y Egipto supone una amenaza para los derechos humanos. ¿Qué postura tiene al respecto Amnistía Internacional?
Los movimientos y partidos islamistas han sido duramente reprimidos durante años en varios países de Oriente Medio y Norte de África. Los manifestantes de 2011 reclamaban mayor libertad para expresar sus ideas políticas y asociarse libremente. Ahora que se presenta la oportunidad de romper con décadas de represión, concretamente para Túnez, Libia y Egipto, es preciso aprovecharla respetando el derecho de todas las personas a no sufrir discriminación y a la igualdad de género, así como su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y a la igualdad.
No podemos hacer conjeturas sobre lo que va a hacer ningún grupo político en el gobierno. Pero exigiremos a todos los gobiernos que rindan cuentas en función de las mismas normas internacionales de derechos humanos. Esperamos que adopten y mantengan reformas fundamentales en materia de derechos humanos, como la promulgación de disposiciones legales que protejan a las mujeres de la discriminación y la violencia basada en el género y la reforma de todas las leyes y prácticas que discriminen a minorías religiosas, étnicas o de otra índole. En particular, los derechos de las mujeres no pueden ser sacrificados en el proceso de transición.
En el periodo anterior a las elecciones parlamentarias celebradas en Egipto y Túnez, Amnistía Internacional se puso en contacto con los partidos políticos de ambos países para pedirles que formularan 10 compromisos para proteger los derechos humanos. Fue muy decepcionante que varios partidos plantearan reservas con respecto a la igualdad de género, la no discriminación y la pena de muerte.
¿Qué papel han representado las mujeres en las revueltas y cómo afectan los cambios en la región a sus derechos?
La concesión del Premio Nobel de la Paz en octubre a Tawakkol Karman, destacada activista yemení partidaria de las reformas, junto a otras dos mujeres supone el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en los levantamientos del año pasado. En Bahréin, Siria o Irak, las mujeres estuvieron en el centro de las manifestaciones y el activismo, y no se libraron de algunos de los peores episodios de violencia.
La visible participación de las mujeres en el levantamiento de Egipto creó expectativas sobre el avance de sus derechos tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. La realidad ha sido una aplastante decepción. Desde que asumió el poder, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha sometido a mujeres manifestantes a “pruebas de virginidad” forzosas y otros tratos brutales durante las manifestaciones, incluidas palizas y abusos sexuales. Las mujeres son excluidas por sistema de la toma de decisiones prácticamente en todos los niveles. El comité elegido para proponer enmiendas constitucionales se constituyó con ocho juristas, entre los que no había una sola mujer. El Consejo Supremo canceló además la ley de cuotas que aseguraba a las mujeres la ocupación de escaños en el Parlamento, sin que fuera sustituida por alguna medida destinada a garantizar la igualdad de participación de las mujeres en la vida política. Es probable que debido a ello el nuevo Parlamento egipcio contenga un número muy reducido de parlamentarias.
En Túnez, el gobierno provisional retiró las reservas del país a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que supuso un importante avance hacia la igualdad de género y un buen precedente para otros gobiernos. Pero en las elecciones de octubre, muchas mujeres vieron con inquietud cómo se les impedía participar en pie de igualdad con los hombres y eran marginadas por los partidos políticos, que presentaron mayoritariamente a hombres en sus principales candidaturas.
En Libia, la rápida transformación de las protestas antigubernamentales en un conflicto armado en toda regla redujo la visibilidad y participación de las mujeres en primera línea, aunque muchas contribuyeron al esfuerzo opositor y sufrieron las consecuencias. Las fuerzas de Gadafi detuvieron a mujeres durante el conflicto y golpearon a muchas, en medio de informes de violaciones. Algunas mujeres detenidas por fuerzas afines al Consejo Nacional de Transición en Al Zawiya, Trípoli y Misrata afirmaron que habían sufrido abusos sexuales antes o en el transcurso de la detención. La representación de las mujeres en instituciones influyentes sigue siendo escasa. En diciembre, el Consejo Nacional de Transición sólo contaba con dos mujeres entre sus 61 miembros de designación pública y, de los 27 integrantes del nuevo gobierno, sólo dos eran mujeres. En octubre hubo una señal preocupante: el máximo dirigente del Consejo manifestó públicamente su apoyo a la poligamia.
En Bahréin, miles de mujeres participaron en las manifestaciones contra el gobierno, varias decenas fueron detenidas y, según informes, algunas sufrieron tortura u otros malos tratos.
En Yemen se ha hostigado, detenido y en algunos casos golpeado a mujeres activistas y otras por participar en las protestas. Algunas también han recibido amenazas a través de su familia: se ha conminado a sus familiares varones a controlarlas y restringir su activismo.
En Arabia Saudí también se sumaron mujeres a las protestas en la Provincia Oriental y otras zonas, principalmente para pedir la liberación de sus familiares varones recluidos sin cargos ni juicio durante años. Se detuvo a decenas, que normalmente no fueron liberadas hasta que familiares varones se comprometieron por escrito a garantizar que no volverían a hacerlo. Además, se puso en marcha una campaña para que las mujeres empezaran a conducir vehículos a partir del 17 de junio como medida de protesta por la prohibición. Según informes, decenas de mujeres se sumaron a la iniciativa; algunas fueron detenidas y obligadas a firmar documentos en los que se comprometían a desistir. Al menos dos se enfrentaron a juicio. En septiembre, en aparente reacción a las aspiraciones de cambio, el rey anunció que a partir de 2015 las mujeres podrían votar y presentarse a las elecciones municipales, únicos comicios públicos que se celebran en el país. Se trataba de un paso discreto pero bien recibido para superar la discriminación profundamente arraigada que sufren las mujeres en Arabia Saudí.
En 2012, al continuar su lucha por la igualdad de acceso a los espacios públicos, las mujeres deben participar plenamente y en pie de igualdad con los hombres en el proceso de reforma política y de derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África. Debe reconocerse a mujeres y hombres la igualdad de acceso a la participación política y la toma de decisiones, así como los mismos derechos en la legislación en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, entre otras cosas. Las mujeres deben tener protección jurídica frente a la violencia basada en el género –que incluye la violencia en el ámbito familiar y la violación conyugal– y el acoso sexual.
¿Qué espera Amnistía Internacional que suceda en 2012?
Los gobiernos de los países que están en proceso de transición en toda la región deben demostrar que tienen voluntad política para ofrecer cambios reales. La población ha demostrado con toda claridad que quiere derechos humanos ahora y no va a aceptar ningún retraimiento de las promesas de reforma. Ha llegado el momento de poner freno a las fuerzas de seguridad, formar a la policía en el respeto de los derechos humanos y tomar medidas apropiadas contra los autores de abusos. Es preciso someter a una revisión minuciosa los sistemas judiciales injustos y preservar la independencia del poder judicial. La elaboración de nuevas constituciones en Túnez, Egipto y Libia será una oportunidad clave para consagrar los derechos humanos en la legislación, lo que incluye eliminar la discriminación y garantizar la justicia social.
Las víctimas y sus familiares deben empezar a ver que se rinden cuentas por los delitos cometidos contra ellos. Para ello debe haber investigaciones efectivas, independientes e imparciales sobre los miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y, si existen pruebas para sustentarlo, se debe procesar a esas personas en un juicio justo y garantizar una reparación plena a las víctimas.
Otros gobiernos de la región han de corregir la manera de enfocar los asuntos de seguridad y estabilidad nacional. Deben poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad y acometer sin demora reformas fundamentales en el sector de la justicia, en el aparato de seguridad y en las leyes que son discriminatorias o facilitan de otro modo la comisión de violaciones de derechos humanos.
Otros Estados y la comunidad internacional no deben reanudar prácticas que pasan por alto o incluso facilitan la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos de la región, especialmente en relación con las transferencias de armas. En 2011, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados que suministraban armamento a Siria, Libia, Bahréin, Yemen y Egipto que revisaran caso por caso todas sus transferencias y transacciones comerciales de armas. Al término del año, algunos países proveedores de armas pretendían reanudar el comercio habitual con estos países a pesar de la falta de indicios sobre un claro proceso de cambio, reformas reales del aparato de seguridad y el fin de la impunidad.
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