A la caza del inmigrante en Lorca: el ayuntamiento abrirá un whatsapp para denunciar a extranjeros

Islam en Murcia - 30.09.24

El alcalde de Lorca Fulgencio Gil, del PP, y la teniente alcalde Carmen Menduiña, de Vox

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento de leyes, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a las personas que residan en sus municipios. Según la abogada murciana María Cardona: "No es necesario haber nacido en la localidad dónde se inscriba, simplemente ser un residente permanente en ella. Aunque no tenga la nacionalidad española, puede inscribirse libremente en este registro, ya que no se le requerirá ningún trámite adicional ni se le pedirá ningún requisito específico. Lo único que deberá hacer constar en el momento del registro es una dirección de residencia en esa misma localidad. Estar empadronado en una localidad puede conllevar una serie de ventajas como son el acceso a determinados servicios públicos, vivienda pública etc.".

Es decir, no estar empadronado equivale a no existir como persona, a no poder ejercer los más básicos derechos humanos.

Pues bien, el ayuntamiento de Lorca, desde que tomó el mando el PP con el apoyo de Vox después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, está haciendo la vida imposible a cualquier persona que resida en el municipio, quiera empadronarse y no tenga la piel del mismo color que la del alcalde Fulgencio Gil (PP), y la primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña (Vox). 

No solo a las personas migrantes, el ayuntamiento también está acorralando a las organizaciones que trabajan por una Lorca solidaria y multicultural, recordemos que Vox vetó la renovación del convenio municipal con la Fundación Cepaim.

Ahora el ayuntamiento de Lorca da un paso más allá. Ayer leíamos en La Verdad esta noticia:

El ayuntamiento de Lorca reclama que se tipifique como delito el empadronamiento ilegal.

Noticia publicada ayer en La Verdad

Propone penas privativas de libertad y sanciones económicas para los que se inscriben en fraude y para los propietarios de las casas que lo consienten. Abrirán una línea de Whatsapp y un e-mail para que se puedan comunicar de manera anómima estas infracciones.

La propuesta se discutirá en el pleno municipal de este lunes 30 de septiembre. En su toma de posesión el alcalde ya dejó claro que ser inmigrante en Lorca no iba a ser fácil. Lo entendimos perfectamente al escuchar sus palabras:

"Hay que transformar con decisión el modelo de ciudad dormitorio y acabar con fenómenos como el de los barrios de Los Ángeles, Apolonia, San Cristobal, San Diego, pedanías de la huerta e incluso el recinto histórico. El hacinamiento de personas a cualquier precio tiene los días contados. Vamos a actuar de forma contundente contra los que manejan a su antojo el padrón municipal y recuperar la ciudad habitable y con alta calidad de vida que éramos hasta hace unos años. La policía incrementará su actuación... y controlaremos puerta a puerta los empadronamientos ilegales...".

El alcalde siguió diciendo que va a acabar con los "balcones repletos de mantas y de colchas, de bombonas de butano", ante lo que el auditorio en aquella toma de posesión aplaudió enfervorecido.

Aquí tienen el video de su intervención completa en junio de 2023:


Nada dijo el alcalde de dotar de vivienda digna y documentación que convierta en ciudadanas a las personas que se están dejando la vida en trabajos que los españoles rechazan para sacar la economía de Lorca adelante. El alcalde de Lorca niega la realidad, no dice que Lorca jamás será lo que fue "hasta hace unos años" aún sabiendo que más del 20% de su población es de origen africano, americano, asiático o europeo. 

El alcalde ignora a los Lamine Yamal y Nico Williams que viven en el municipio, que cada vez son más, y que están siendo segregados en colegios gueto. Nada dice el alcalde de facilitar la vida a los padres de esos Lamines y Nicos que trabajan de lunes a domingo de sol a sol para construir una Lorca distinta, porque nunca será igual, el cambio es inevitable.


Noticia publicada por Onda Regional de Murcia

UNIDAD DE CONTROL DEL PADRÓN EN LORCA

La llaman Unidad del Control de Padrón, UCP. La dirige la concejala del PP, Belén Pérez. ¿En qué consiste su tarea? En complicar la existencia a los extranjeros que quieren trabajar legalmente en Lorca y tener un techo bajo el que dormir. Pensará la concejala que si se empadronan 8 en una casa es por gusto, y que si viven entre "chinches y garrapatas" es porque aman los insectos. "Eso no se puede permitir", afirma la concejala, con sus dos banderas de España en la muñeca, y se queda tan pancha. Empatía cero, servicio público cero: a su UCP bien podríamos llamarle Unidad de Caza de Personas (de personas pobres y con la piel más oscura que la suya).

Belén Pérez, concejala responsable del padrón en Lorca

Como buena abogada que es, la concejala Pérez debe saber que es obligatorio legalmente empadronar a todas las personas que residen en el municipio, tengan o no "papeles". 

En lugar de articular soluciones para que esas personas vivan y trabajen dignamente en Lorca y no existan los denominados "pisos-patera", la concejala Pérez y todo el equipo de gobierno han puesto la maquinaria de personal y administrativa del ayuntamiento en contra de los y las inmigrantes.

Desde que entró el nuevo equipo de gobierno del PP y Vox en Lorca no han hecho otra cosa que complicarles la vida negándoles papeles esenciales, echándolos literalmente del municipio.

Lo están consiguiendo, algunos se están yendo de Lorca aunque allí tienen trabajo y son necesarios sobre todo para el campo.

Luego están los empresarios, que aseguran necesitar miles de jornaleros, eso sí los quieren traer en aviones, que trabajen, y se vayan cuando terminen. De locos, sobre todo cuando hay miles malviviendo en Lorca a la espera de un empleo digno.

En Lorca el PP no necesita a Vox para hacer políticas racistas, ya marcó el camino claramente el alcalde Fulgencio Gil en su toma de posesión. 

Está en marcha la caza del inmigrante en Lorca, el plan comenzó después del pasado 28 de mayo de 2023.

Un caso más de racismo institucional de libro en la Región de Murcia. 

Desde aquí exigimos que se respeten los derechos humanos, que se busquen soluciones a la necesidad de vivienda de las personas que vienen a trabajar, que se castigue el racismo inmobiliario que hace imposible alquilar una vivienda aunque vayas con el dinero por delante, y que con las virtudes y defectos de nuestro sistema legal, se deje de mirar al extranjero como un enemigo porque en realidad es nuestro vecino y puede ser el mejor amigo.

Ahora les dejo aquí para que lean, la nota de prensa (en cursiva) del ayuntamiento de Lorca emitida el pasado 6 de junio. En ella la concejala se jacta de que su Unidad de Control del Padrón es la envidia de media España. Cuando lean números piensen en personas, detrás de los números hay personas que lo único que buscan es dignidad, un techo, un trabajo, una identidad, legalizar su situación en España:

Municipios de toda España demandan el modelo de la Unidad de Control del Padrón del gobierno de Lorca

Además de los Ayuntamientos de Mula, Santomera, Puerto Lumbreras o Totana, se han recibido peticiones desde otras comunidades como Cataluña, Castilla la Mancha o Andalucía, que se han interesado por la estructura y transversalidad de la iniciativa

En el último avance, destacan 4 procedimientos sancionadores por infracción a la Ley General de Salud Pública, teniendo los propietarios que hacer frente a multas de 3.000 euros cada uno

En total, se han incoado 7 expedientes sancionadores en base a la propia Ordenanza, también con cargo económico

Aumentan las infracciones de la Ley de Extranjería, las alteraciones en viviendas o locales, las bajas de oficio, y hay más de 300 requerimientos, entre propietarios y ciudadanos

En total, desde su puesta en marcha, este órgano ha realizado más de 200 inspecciones en inmuebles

Lorca, 6 de junio de 2024. “Que la Unidad de Control del Padrón puesta en marcha por el gobierno de Lorca se ha convertido en todo un referente ya es un hecho. Su activación, hace apenas un año, ha sido pionera, dentro del ámbito nacional, en relación, sobre todo, a su objetivo, pero también en base a su estructura y transversalidad, y podemos confirmar que son más de una decena los municipios que nos han contactado para conocer su funcionamiento”.

Así lo ha manifestado la edil de Control del Padrón, Belén Pérez, que ha trasladado, en la mañana de este jueves, el balance de los últimos avances llevados a cabo por esta Unidad en nuestro municipio, destacando varios puntos. El primero de ellos, ese carácter pionero. “Señores, estamos haciendo las cosas bien. Además de los Ayuntamientos de Mula, Santomera, Puerto Lumbreras o Totana, se han recibido peticiones de municipios de Cataluña, Castilla la Mancha o Andalucía, entre otros, que se han interesado por la iniciativa del Consistorio lorquino, remitiendo la Ordenanza a todos los que la han solicitado. Pronto veremos cómo en otros municipios de España se reproduce esta fórmula que, sin duda, está resultando efectiva frente a actividades fraudulentas en relación al Padrón de habitantes”.

Pero es que, y aquí viene el segundo punto destacado, siguen aumentando las consecuencias económicas para aquellos que no cumplen con sus obligaciones con el Padrón Municipal en Lorca. Por primera vez, tras los controles sanitarios de la UCP, se han instado 4 procedimientos sancionadores por infracciones a la Ley General de Salud Pública, por lo que los propietarios deberán hacer frente a multas de 3.000 euros cada uno, es decir, 12.000 euros. “Los residentes vivían en muy malas condiciones, con chinches, garrapatas y un ambiente totalmente insalubre. Y eso no se puede permitir”.

Otro de los datos significativos son “los 7 expedientes sancionadores abiertos hasta el momento en base a la Ordenanza, lo que significa que estas personas deberán enfrentarse a multas que van desde los 375 a los 3.000 euros. Por otro lado, a Policía Nacional y Guardia Civil se les ha enviado documentación de un total 15 domicilios, de los que 4 ya han sido derivados a la Delegación del Gobierno. Esto se traduce, por el momento, en 20 posibles infracciones de la Ley de Extranjería”, ha indicado la edil.

Pero los avances no quedan ahí. La eficiencia de la UCP queda patente gracias a las comunicaciones realizadas con otros servicios. Concretamente, ha derivado al servicio de Catastro 26 expedientes por alteraciones en viviendas o locales; a Servicios Sociales, 4; al servicio de Actividades y Obras, 28; y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 5 expedientes en total. “Lo que apreciamos es el aumento paulatino de las actuaciones, por lo que estamos estudiando la manera de dotarla de más personal, para poder desarrollar de manera efectiva nuestro cometido ante las situaciones a las que nos enfrentamos”.

En total, desde su puesta en marcha, hace poco menos de un año, se han llevado a cabo más de 200 inspecciones en inmuebles, con sus correspondientes diligencias por tratarse de domicilios con ocho o más personas empadronadas. En este último mes, la Policía Local ha realizado 82 visitas a viviendas, con la identificación de 438 personas, de las que casi un 40 por ciento no residen en el domicilio donde figuran empadronados.

Asimismo, hasta la fecha, la Unidad ha generado la apertura de 95 expedientes de baja de oficio y el número de requerimientos realizados supera los 300, entre propietarios y ciudadanos a quienes se ha solicitado que lleven a cabo los trámites necesarios para regularizar su situación.

En relación a obras sin licencia, se han realizado 24 nuevas visitas, sumando un total de 18 expedientes de infracción urbanística, por lo que los promotores pueden enfrentarse a una orden de demolición por haber vulnerado el Ordenamiento Urbanístico vigente. “Aunque la UCP se puso en marcha con intención disuasoria, las primeras sanciones económicas no han tardado mucho en llegar. Este es un trabajo constante, que se realiza puerta a puerta y el carácter multidisciplinar del órgano es fundamental. Una de las premisas de este mandato fue constituir un servicio que detectara y combatiera los fraudes en el padrón municipal, con el objetivo principal de desmontar el modelo de ciudad dormitorio imperante en algunos lugares de nuestro municipio, contrarrestando ese ‘efecto llamada’ con la intención -además- de favorecer la lucha contra la infravivienda y la inclusión de aquellos que viven en esas circunstancias”.

“Queríamos responder a una falta de previsión e iniciativa por parte del anterior equipo de Gobierno y solucionar un problema generado en Lorca, como es nuestra obligación, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, controlando engaños y actuaciones fraudulentas que perjudican al conjunto de la sociedad lorquina, porque así entendemos nuestro modelo de ciudad, según nuestro Compromiso Marco 2032; y es obvio que estamos haciendo las cosas bien cuando somos un referente para otros municipios de toda España”.

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