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| María Guardiola, presidenta de Extremadura |
4. INMIGRACIÓN
● No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. La Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura.
Plazo: desde el primer día de gobierno.
● Adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos. Los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno de Extremadura instarán al Gobierno de España a adaptar, de forma inmediata a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria.
Plazo: antes de septiembre de 2026.
● Los menores deben estar con sus padres. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.
Plazo: primeros pasos antes de fin de 2026.
● Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible. No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes. Se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente.
Plazo: desde el primer día de gobierno.
● Endurecimiento del régimen disciplinario. La Junta de Extremadura extremará la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Asimismo, se dotarán los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Verificación de edad de los inmigrantes ilegales. Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios.
Plazo: desde el inicio de la legislatura.
● Auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva, con el objetivo de evitar destinar dinero público a organizaciones dedicadas al tráfico de personas tanto en origen como en destino, o que tengan como negocio principal la inmigración. La Junta de Extremadura pondrá el máximo celo en esto y hará pública una auditoría anual que así lo acredite.
Plazo: al final de cada ejercicio.
● Supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal. Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. La Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva. Se procederá a la creación de la Unidad Extremeña de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva como instrumento clave para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales.
Entre sus funciones principales se incluirán la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude.
La Unidad tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados “pisos patera”.
Plazo: antes de marzo de 2027.
● Reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal. Se exigirá al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de impedir el uso fraudulento del padrón municipal. En particular, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda —o documentación equivalente— sea considerada nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones. Asimismo, se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales.
Plazo: antes de fin de 2026.
● Prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos. En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia. No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad.
Plazo: antes de fin de 2026.
● Supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. El Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región. Asimismo, mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres.
Plazo: septiembre 2026.
Aplíquense los mismos calificativos que uso en el titular de esta entrada, a la acción de gobierno de Fernando López Miras, el presidente murciano, con respecto a los menores migrantes no acompañados, y otros puntos en común con el acuerdo en Extremadura.
Por lo demás, lo que están haciendo PP y Vox en la Región de Murcia y sus medios de comunicación y propaganda afines para torpedear el proceso de regularización de inmigrantes, es digno de la derecha más ultra de Europa.
Por si alguien dudaba de que PP y Vox son la misma cosa.
A trabajar, vividores.
ResponderEliminarY lo malo donde esta? Solo veo cosas buenas
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