Islam en Murcia - 05.03.26
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| Teresa Fuentes, de CCOO y Paqui Sánchez, de UGT |
La deriva xenófoba del gobierno de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras, aboca a acontecimientos como el ocurrido el pasado martes 3 de marzo, con el discurso del número 2 de la consejería de Política Social, Nicolás Gonzálvez, que lo podría haber firmado Abascal perfectamente.
En busca del voto perdido todo le vale al PP, tanto su líder nacional, Núñez Feijóo, como su líder murciano, López Miras, nos están trasladando un proyecto político basado en el odio al inmigrante, que tan bien expande sus ídolos Vito Quiles, Eduardo Inda y demás propagandistas a sueldo. El PP ansía el poder y por eso ahora le toca odiar al inmigrante, porque está de moda. Lo hace Trump, lo hace Abascal, y el PP va detrás. Odia más si el inmigrante no es católico y no habla español.
Ya tenemos bastante con el maltrato institucional a los menores extranjeros no acompañados, expulsados de su entorno escolar de Santa Cruz y enviados al monte como si fueran peligrosos delincuentes. Y con la cateta supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Y el apoyo a los concejales de Vox que persiguen mujeres con hiyab en Molina de Segura. Y con el señalamiento neonazi de magrebíes en Lorca. Y con el acoso a los inmigrantes en el CATE de Cartagena.
Empiecen a frenar, señoras y señores del PP, porque su inercia xenófoba solo hace daño, y mucho, a la Región de Murcia para la que aseguran trabajar.
Por eso desde aquí apoyamos la petición de dimisión a Gonzálvez hecha por las secretarias generales de CCOO, Teresa Fuentes, y UGT, Paqui Sánchez, puesto que ha demostrado su incompetencia política, amén de su más sincera xenofobia.
COMUNICADO DE UGT Y CCOO
UGT y CCOO de la Región de Murcia exigen la dimisión inmediata del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad tras su intervención en la jornada de presentación del informe del Consejo Económico y Social de España “La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas”, celebrada ayer en la sede del CES de la Región de Murcia.
Durante su intervención, el secretario general utilizó un acto institucional para difundir un discurso alarmista que vinculaba inmigración con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y supuestos efectos negativos de los procesos de regularización. La intervención provocó el abandono temporal de la sala por parte de diversos asistentes en señal de protesta. Para CCOO y UGT resulta especialmente grave que estas afirmaciones procedan, precisamente, del máximo responsable administrativo de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, departamento que tiene entre sus competencias la atención a las personas migrantes, la promoción de la integración social y el impulso de políticas de convivencia.
“Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla con discursos que alimentan el miedo y la estigmatización”.
Las organizaciones sindicales recuerdan que miles de trabajadores y trabajadoras de origen migrante sostienen hoy sectores fundamentales de la economía regional como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados, y que su aportación es imprescindible para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia.
El contraste entre la intervención del secretario general y el contenido del informe presentado fue evidente. Tal y como recordó el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, “la inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo para nuestra economía y nuestra demografía”, subrayando que España afronta un fenómeno estructural que debe abordarse con datos, planificación y políticas públicas rigurosas.
El propio informe del CES recuerda que España ha llevado a cabo al menos seis procesos de regularización extraordinaria bajo gobiernos de distinto signo político, incluidos gobiernos del Partido Popular. Estas medidas han contribuido históricamente a aumentar la afiliación a la Seguridad Social, reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y reforzar la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
“No existe evidencia de que las regularizaciones hayan provocado por sí mismas un efecto llamada. Lo que sí han demostrado es que regularizar situaciones de irregularidad administrativa permite combatir la explotación laboral y fortalecer el mercado de trabajo”.
Por todo ello, ambas organizaciones consideran que la intervención del secretario general fue impropia de un acto institucional e incompatible con las responsabilidades del cargo que ocupa.
UGT y CCOO reclaman su dimisión inmediata.
Asimismo, advierten de que, si la intervención respondía a una posición conocida o avalada por la titular de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, esta debería asumir igualmente su responsabilidad política.
Las organizaciones sindicales reiteran su compromiso con una política migratoria basada en datos, derechos y convivencia, y rechazan cualquier intento de convertir un fenómeno estructural de nuestra sociedad en un instrumento de confrontación política.
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