Islam en Murcia - 31.01.26 - Abde C., periodista
| Letrero en una tienda de Torre Pacheco. Foto: P. Ros |
"No hablamos de inmigración, hablamos de racismo"
A raíz de la regularización de más de 500.000 personas inmigrantes en España han vuelto a surgir los mismos bulos de siempre: falsedades, alarmismo y ataques directos contra quienes llevan años viviendo y trabajando en nuestro país. No es un debate nuevo, pero sí cada vez más revelador. Porque cuando se rasca un poco el discurso, queda claro que no hablamos de inmigración: hablamos de racismo.
La realidad es sencilla. Cualquier persona que quiera de verdad a España debería estar a favor de esta regularización. Entre otras cosas porque no existen las “personas ilegales”. Existen personas en situación administrativa irregular. Y una sociedad democrática y moderna debe aspirar precisamente a que esas situaciones se regularicen cumpliendo la ley, con requisitos claros: certificado de antecedentes penales, empadronamiento, arraigo, contratos de trabajo. Nada regalado. Nada automático.
¿Y cuál es el resultado de regularizar? Personas que dejan de trabajar en negro, que cotizan, que pagan impuestos y que contribuyen al Estado del bienestar. Justo eso que, en teoría, todos decimos querer. La alternativa es mantenerlas en la ilegalidad para poder explotarlas laboralmente o utilizarlas como arma electoral. Y eso, además de inmoral, no soluciona absolutamente nada.
Si de verdad preocupa la delincuencia —como tanto repiten algunos— la regularización no es el problema, sino parte de la solución. Una persona con papeles está identificada, localizada y dentro del sistema. Hay trazabilidad: se sabe quién es, dónde vive y cuál es su situación legal. Si comete un delito, responde ante la justicia como cualquier otro ciudadano y puede caerle todo el peso de la ley. En cambio, condenar a cientos de miles de personas a la clandestinidad solo genera opacidad, descontrol y más vulnerabilidad.
A esto se suma la desinformación deliberada. Es rotundamente falso que regularizar implique conceder la nacionalidad o el derecho a voto. Tener un permiso de residencia y trabajo no es lo mismo que tener la nacionalidad española. En muchos casos hacen falta más de diez años para obtenerla. Decir lo contrario no es un error: es mentir para generar miedo.
Este discurso no es nuevo y se repite desde la ultraderecha y desde una derecha cada vez más escorada hacia ella en buena parte de Europa. En España, el Partido Popular ha hecho de la confusión una seña de identidad en su carrera por no perder terreno frente a la extrema derecha. Hemos visto recientemente a su presidente afirmar que con esta regularización se concedería la nacionalidad y el derecho a voto. Es falso. No van a votar en las próximas elecciones a la izquierda, aunque quisieran.
Resulta curioso, además, que quienes no dejan de pedir elecciones parezcan tener tanto miedo a que la gente vote.
La realidad de la inmigración se entiende mejor cuando se baja al terreno personal. Mis padres llevan más de 20 años en España y aún no tienen la nacionalidad. No porque no quieran, sino porque no pueden superar los exámenes o porque la burocracia es interminable: documentos que hay que traer del país de origen, trámites eternos, costes económicos. Y como ellos, miles de personas.
Pero incluso con esta regularización, muchos problemas van a seguir existiendo. Porque el fondo de la cuestión no es administrativo. Es social. No es inmigración, es racismo. A la hora de alquilar un piso no es lo mismo llamarte Abel que Abdel. No es lo mismo tener papeles que tener un apellido, un acento o un color de piel que algunos siguen sin tolerar.
Y mientras no seamos capaces de reconocer eso, seguiremos debatiendo sobre permisos y fronteras sin querer mirar de frente el verdadero problema.
Comentarios
Publicar un comentario