LORCA | PP y Vox abanderan el odio al extranjero: piden expulsiones y endurecer requisitos para obtener residencia y nacionalidad

Islam en Murcia - 30.06.25

Pleno municipal celebrado hoy en Lorca (foto: Ayto. de Lorca)

Que el ayuntamiento de Lorca, con un alcalde del PP, Fulgencio Gil, ha dado un giro a la ultraderecha ya lo sabíamos desde junio de 2023. Su idilio con el partido neofranquista Vox se acentúa. Hoy el pleno municipal ha aprobado por 15 votos a favor (PP y Vox) y 10 en contra (PSOE e IU), una moción conjunta de los grupos municipales Vox y Popular para exigir el cumplimiento de las órdenes de expulsión de extranjeros y el endurecimiento de los requisitos para el acceso al permiso de residencia y a la nacionalidad española.

La moción no tiene desperdicio, y demuestra la deriva "trumpista" de la política española allí donde gobiernan PP y Vox. Lean:

MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX Y POPULAR PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL ACCESO AL PERMISO DE RESIDENCIA Y A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.

España está viviendo una auténtica emergencia migratoria que amenaza la cohesión nacional, la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de los servicios públicos. Esta situación, lejos de ser coyuntural, es consecuencia directa de una política deliberada del Gobierno de la Nación que ha optadopor favorecer la inmigración ilegal, ignorando sus consecuencias devastadoras para millones de españoles.

El fenómeno de la inmigración ilegal ha alcanzado dimensiones alarmantes. Se estima que más de 300.000 personas han accedido a España por vías irregulares en los últimos años, muchas de ellas sin control de identidad, sin garantías de integración y, en demasiados casos, vinculadas a redes criminales de tráfico de personas. Esta cifra, ya de por sí gravísima, puede ser muy superior, pues el Ministerio del Interior no incluye en sus datos las llegadas ilegales a través de los puestos fronterizos, lo que pone en evidencia la opacidad del Ejecutivo y su falta de compromiso con la seguridad y la legalidad.

A esta situación se suma un hecho aún más preocupante: la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, lejos de aplicarse con el rigor que exige la defensa del Estado de Derecho, ha sido sistemáticamente ignorada, flexibilizada o directamente incumplida por el propio Gobierno. Esta ley establece de forma clara la posibilidad de expulsión de los extranjeros en situación irregular, especialmente si han cometido delitos, pero entre 2020 y 2023 solo se ejecutaron 9.500 órdenes de expulsión de un total de 131.000 incoadas, es decir, un irrisorio 7,25 %.

Esta falta de ejecución demuestra una política de brazos caídos por parte del Ejecutivo, que ha renunciado a hacer cumplir sus propias normas.  Uno de los instrumentos más perversos utilizados para promover la regularización masiva de inmigrantes ilegales es la figura del arraigo, originalmente pensada como medida excepcional y que hoy se ha convertido en la vía ordinaria para la legalización de quienes han entrado sin permiso en nuestro país. La reciente aprobación del Real Decreto 1155/2024 ha agravado la situación al reducir a dos años el tiempo necesario para solicitar el arraigo social, e incluso eliminar ese requisito en el caso del arraigo familiar. Además, el Gobierno ha suprimido la obligación de presentar certificados de antecedentes penales del país de origen, permitiendo que incluso delincuentes con antecedentes acreditados puedan obtener la residencia legal en España.

Todo ello no solo pone en entredicho la legalidad de estos procesos, sino que supone un riesgo directo para la seguridad ciudadana. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son demoledores: más del 50 % de las condenas por agresiones sexuales en 2023 correspondieron a extranjeros, de los cuales una parte significativa eran inmigrantes africanos, que apenas representan un 2 % de la población. Asimismo, el 49 % de los asesinatos de mujeres perpetrados ese mismo año fueron cometidos por extranjeros, mientras que el total de la población extranjera en España es del 14 %.

La conclusión es clara: la inmigración ilegal no solo compromete el modelo de convivencia, sino que contribuye de forma directa a la inseguridad, a la saturación de servicios públicos y al aumento de la criminalidad. Lejos de reaccionar, el Gobierno se convierte en cómplice pasivo —cuando no activo— de este proceso, promoviendo una legislación cada vez más laxa, generando un potente efecto llamada y protegiendo a quienes han entrado en nuestro país vulnerando sus fronteras.

Ante esta situación, se considera inaplazable la reforma profunda de la legislación sobre extranjería, en especial de la figura del arraigo, para frenar la regularización masiva de inmigrantes ilegales y asegurar la expulsión inmediata de aquellos que hayan cometido delitos graves en nuestro país.

Es imprescindible devolver al Estado el control sobre sus fronteras, su soberanía legal y su capacidad de proteger a los españoles frente al caos migratorio promovido desde el poder.

Lorca no puede ser rehén de una política fracasada. España no puede seguir siendo el destino de quienes desprecian nuestras leyes. Es tiempo de actuar con firmeza, responsabilidad y justicia.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales VOX y Popular presentan para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:

1. El ayuntamiento de Lorca, insta al Gobierno de la Nación a garantizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión de extranjeros, mediante la creación de un marco jurídico apropiado, dotando de los recursos necesarios a las administraciones implicadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. El ayuntamiento de Lorca, insta al Gobierno de la Nación a endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española, eliminando esta posibilidad a quienes tengan antecedentes penales, hayan cometidos delitos o hayan entrado ilegalmente en territorio nacional.

3. El ayuntamiento de Lorca, insta al Gobierno de la Nación a endurecer los requisitos para obtener los permisos de residencia, eliminando esta posibilidad a quienes tengan antecedentes penales, hayan cometidos delitos o hayan entrado ilegalmente en territorio nacional.

En Lorca a 20 de junio de 2025.

Rosa María Medina Mínguez, portavoz Grupo Municipal PP

María del Carmen Menduiña García, portavoz Grupo Municipal Vox