Islam en Murcia - 22.10.15
Fuente: El Español
Desde Islam en Murcia manifestamos todo nuestro apoyo al periodista Ignacio Cembrero y consideramos deplorable la actitud del gobierno de España en este caso. Reproducimos el artículo de Ana Romero en El Español.
ANA ROMERO @anaromerogalan
Este miércoles comenzó el juicio contra el periodista Ignacio Cembrero que deja a Exteriores en una incómoda posición.
Esta es una historia un tanto rocambolesca de variados protagonistas, querellas y demandas: la eurodiputada francesa Rachida Dati; el ex presidente José María Aznar; un empresario de prensa marroquí, Ahmed Charai, condenado por difamar a Aznar; el cónsul de España en París, Javier Conde; el periodista Ignacio Cembrero y los ministros José Manuel García-Margallo (Exteriores) y Jorge Fernández Díaz (Interior).
El relato empieza en septiembre de 2008, cuando la revista L´Observateur du Maroc sorprendió a España- y a medio mundo- con la siguiente portada: "Rachida Dati...encinta de Aznar". Dati, una atractiva francesa de origen marroquí, era entonces ministra de Justicia de Francia, y su embarazo de padre desconocido causaba un enorme interés en Marruecos, donde el Aznar post-Perejil no era ni es un hombre precisamente bien querido por el majzén.
Tres años más tarde, en octubre de 2011, Ahmed Charai, dueño y director de la revista, fue condenado la Audiencia Provincial por difamación y obligado a pagar 90.000 euros a Aznar. De nuevo tres años más tarde, en octubre de 2014, se supo que el padre de la criatura era un millonario francés llamado Dominique Desseigne. También ese mismo mes se conoció la que puede ser la verdadera identidad del director-dueño de la revista y difamador de Aznar: el periodista Ignacio Cembrero desveló en el diario El Mundo que se trataría de un estrecho colaborador del servicio secreto marroquí (DGED), según decenas de documentos publicados en Internet y cuya autenticidad las autoridades de Rabat aún no han rebatido.
Charai, sin embargo, mantuvo que los documentos habían sido manipulados y presentó una demanda por intromisión en el honor contra Cembrero y contra El Mundo. Su condición de difamador de Aznar no pareció importar demasiado al Gobierno español: en diciembre de 2014, Charai se convirtió en el único periodista marroquí al que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concedió una entrevista en esta legislatura. Lo hizo, además, no en su despacho oficial, sino en su domicilio particular acompañado de su perra Lola, según documentó Charai con fotografías.
UN JUICIO CONTRA UN REPUTADO PERIODISTA
Este miércoles comienza el juicio contra Cembrero, un reputado especialista en el Magreb que ha trabajado 30 años en El País, uno en El Mundo y que se incorpora a El Español al terminar el libro que está escribiendo. Para preparar su defensa, Cembrero pidió el testimonio del escritor y periodista francés Jean Pierre Tuqoui, autor entre otros libros de El último rey (Galaxia Gutenberg, 2002), una desalentadora descripción del inicio del reinado de Mohammed VI. Como Tuqoui no podía testificar en el juicio que empieza este miércoles, acudió al Consulado General de España en París a hacer una declaración jurada (acta de manifestaciones, según la jerga diplomática) ante el cónsul, Javier Conde.
Tuqoui revisó con un oficial de notarías el texto en español de su declaración, en la que resaltó la "profesionalidad" de Cembrero y consideró "fehacientes" los documentos que vinculan a Charai con el servicio secreto marroquí para el que llevó a cabo misiones en Francia, EE UU y el Reino Unido. A continuación pagó las tasas y, finalmente, fue recibido por Conde en su despacho. Ante su sorpresa, el cónsul le anunció que no rubricaría su declaración por tratarse, según explicó, "de un asunto político entre Cembrero y Marruecos" en el que no quería "inmiscuirse".
LA RELACIÓN CON MARRUECOS, PRIORITARIA
"Con su actuación Exteriores conculca mis derechos como ciudadano y me coloca en una situación de indefensión", señala Cembrero, que pidió el respaldo del ministro José Manuel García-Margallo ya que los cónsules están sometidos al artículo 145 del Reglamento Notarial que les obliga a firmar el acta de manifestaciones excepto si ésta va contra la ley o puede suponer una alteración del orden público. Exteriores respondió a Cembrero a través de una carta del subsecretario, Cristóbal González-Aller, argumentando que un cónsul no es un notario "sino un fedatario público en cuyas funciones (…) predomina su carácter consular o diplomático". Por lo tanto, añade, "habrá que ceñirse (…) al marco de las relaciones internacionales". Esto es, anteponer las buenas relaciones con Marruecos a la labor del cónsul como fedatario público.
La Defensora del Pueblo; la Federación de Asociaciones de la Prensa de España(FAPE) y tres parlamentarios se han dirigido en septiembre a Exteriores para que explique los motivos de su negativa, pero no han recibido respuesta. La ONG Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han publicado sendos comunicados en los que solicitan al ministro que rectifique y no dejen a Cembrero en situación de indefensión jurídica.
Para Malén Aznárez, presidenta de la rama española de Reporteros sin Fronteras, "es difícil entender la postura de Exteriores. Notario y fedatario público son sinónimos. Una vez más, parece que han prevalecido intereses políticos por encima de la defensa de la libertad de información".
Fuente: El Español
Desde Islam en Murcia manifestamos todo nuestro apoyo al periodista Ignacio Cembrero y consideramos deplorable la actitud del gobierno de España en este caso. Reproducimos el artículo de Ana Romero en El Español.
ANA ROMERO @anaromerogalan
Este miércoles comenzó el juicio contra el periodista Ignacio Cembrero que deja a Exteriores en una incómoda posición.
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| Rachida Dati, en Bruselas |
El relato empieza en septiembre de 2008, cuando la revista L´Observateur du Maroc sorprendió a España- y a medio mundo- con la siguiente portada: "Rachida Dati...encinta de Aznar". Dati, una atractiva francesa de origen marroquí, era entonces ministra de Justicia de Francia, y su embarazo de padre desconocido causaba un enorme interés en Marruecos, donde el Aznar post-Perejil no era ni es un hombre precisamente bien querido por el majzén.
Tres años más tarde, en octubre de 2011, Ahmed Charai, dueño y director de la revista, fue condenado la Audiencia Provincial por difamación y obligado a pagar 90.000 euros a Aznar. De nuevo tres años más tarde, en octubre de 2014, se supo que el padre de la criatura era un millonario francés llamado Dominique Desseigne. También ese mismo mes se conoció la que puede ser la verdadera identidad del director-dueño de la revista y difamador de Aznar: el periodista Ignacio Cembrero desveló en el diario El Mundo que se trataría de un estrecho colaborador del servicio secreto marroquí (DGED), según decenas de documentos publicados en Internet y cuya autenticidad las autoridades de Rabat aún no han rebatido.
Charai, sin embargo, mantuvo que los documentos habían sido manipulados y presentó una demanda por intromisión en el honor contra Cembrero y contra El Mundo. Su condición de difamador de Aznar no pareció importar demasiado al Gobierno español: en diciembre de 2014, Charai se convirtió en el único periodista marroquí al que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concedió una entrevista en esta legislatura. Lo hizo, además, no en su despacho oficial, sino en su domicilio particular acompañado de su perra Lola, según documentó Charai con fotografías.
UN JUICIO CONTRA UN REPUTADO PERIODISTA
Este miércoles comienza el juicio contra Cembrero, un reputado especialista en el Magreb que ha trabajado 30 años en El País, uno en El Mundo y que se incorpora a El Español al terminar el libro que está escribiendo. Para preparar su defensa, Cembrero pidió el testimonio del escritor y periodista francés Jean Pierre Tuqoui, autor entre otros libros de El último rey (Galaxia Gutenberg, 2002), una desalentadora descripción del inicio del reinado de Mohammed VI. Como Tuqoui no podía testificar en el juicio que empieza este miércoles, acudió al Consulado General de España en París a hacer una declaración jurada (acta de manifestaciones, según la jerga diplomática) ante el cónsul, Javier Conde.
Tuqoui revisó con un oficial de notarías el texto en español de su declaración, en la que resaltó la "profesionalidad" de Cembrero y consideró "fehacientes" los documentos que vinculan a Charai con el servicio secreto marroquí para el que llevó a cabo misiones en Francia, EE UU y el Reino Unido. A continuación pagó las tasas y, finalmente, fue recibido por Conde en su despacho. Ante su sorpresa, el cónsul le anunció que no rubricaría su declaración por tratarse, según explicó, "de un asunto político entre Cembrero y Marruecos" en el que no quería "inmiscuirse".
LA RELACIÓN CON MARRUECOS, PRIORITARIA
"Con su actuación Exteriores conculca mis derechos como ciudadano y me coloca en una situación de indefensión", señala Cembrero, que pidió el respaldo del ministro José Manuel García-Margallo ya que los cónsules están sometidos al artículo 145 del Reglamento Notarial que les obliga a firmar el acta de manifestaciones excepto si ésta va contra la ley o puede suponer una alteración del orden público. Exteriores respondió a Cembrero a través de una carta del subsecretario, Cristóbal González-Aller, argumentando que un cónsul no es un notario "sino un fedatario público en cuyas funciones (…) predomina su carácter consular o diplomático". Por lo tanto, añade, "habrá que ceñirse (…) al marco de las relaciones internacionales". Esto es, anteponer las buenas relaciones con Marruecos a la labor del cónsul como fedatario público.
La Defensora del Pueblo; la Federación de Asociaciones de la Prensa de España(FAPE) y tres parlamentarios se han dirigido en septiembre a Exteriores para que explique los motivos de su negativa, pero no han recibido respuesta. La ONG Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han publicado sendos comunicados en los que solicitan al ministro que rectifique y no dejen a Cembrero en situación de indefensión jurídica.
Para Malén Aznárez, presidenta de la rama española de Reporteros sin Fronteras, "es difícil entender la postura de Exteriores. Notario y fedatario público son sinónimos. Una vez más, parece que han prevalecido intereses políticos por encima de la defensa de la libertad de información".
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