CCOO-Murcia exige tolerancia cero con el racismo y la xenofobia

Islam en Murcia - 21.03.14

Comunicado de Comisiones Obreras en la Región de Murcia con motivo del  21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial:

CCOO hace una llamada a la responsabilidad del Gobierno a la hora de abordar las cuestiones migratorias, máxime en un contexto de grave crisis como el actual, a fin de evitar fomentar una visión reduccionista de las migraciones que genere respuestas de rechazo y xenofobia. En este sentido, considera que no es necesaria modificación alguna de la ley de extranjería ni mucho menos "en caliente" para abordar cuestiones que están perfectamente reguladas desde hace decenios en nuestra normativa (devoluciones, rechazos, etc).

Daniel Bueno y Charo González (Foto: CCOO)

CCOO advierte sobre el preocupante rumbo xenófobo por el que comienzan a transitar determinados discursos políticos en la Unión Europea. Asimismo denuncia que,  pese a las múltiples advertencias de los sindicatos y otros agentes sociales, la UE carece de una política de inmigración real y efectiva que permita una adecuada gestión de los flujos migratorios y una entrada ordenada y fluida en el territorio de la UE.

Pese a la asunción de competencias por parte de la UE en materia de visados, inmigración y asilo, no se han producido avances positivos en ningún campo: al contrario, se aprobó la Directiva de repatriaciones en 2008 –conocida como Directiva de la vergüenza– que plantea un profundo déficit jurídico en los trámites de expulsiones de los extranjeros irregulares impropio de estados de derecho, se ha endurecido el Reglamento de visados comunes y reforzado los mecanismos y los controles fronterizos, etc.

Sin embargo, esperamos aún un desarrollo armonizado y coherente de la normativa de asilo que debería permitir abordar situaciones como la de personas que huyen de conflictos en los que, sin embargo, la UE tiene o pretende tener protagonismo internacional pero de las que luego se desentiende: Libia, Túnez, Somalia, Egipto, Siria, Mali, República Centroafricana, Palestina, etc.

Al mismo tiempo, la UE carece de una normativa conjunta sobre cómo gestionar los flujos migratorios y permitir el acceso de una manera normalizada y fluida a trabajadores de terceros países: se sigue con un irreal esquema de “inmigración cero” que origina el fomento de las entradas irregulares y el florecimiento de redes de tráfico (e incluso, trata) de personas que dan pie a catástrofes como las de Lampedusa o Ceuta.

Mientras tanto los estados miembros campan a sus anchas: Francia impide la aplicación de la libertad de circulación y establecimiento a rumanos y búlgaros mientras que se ceba en el colectivo gitano con un discurso discriminatorio y xenófobo, el auge de la extrema derecha neonazi en Grecia galopa a lomos de un agresivo discurso antiinmigración con consecuencias fatales… Finalmente países como Holanda, Alemania o el Reino Unido se plantean –lejos ya de articular políticas sobre ciudadanos de terceros países– restringir precisamente la libertad de circulación y establecimiento (trabajo) de los propios ciudadanos de la UE. El colofón de todo ello ha sido la victoria de posiciones contra la libertad de circulación de los propios ciudadanos de la UE en Suiza, un país en el que el desempleo es poco menos que testimonial.

En tiempos de crisis generalizada, las opciones políticas de extrema derecha y/o populistas tratan de afianzar sus discursos sobre falaces debates sobre la identidad, la competencia desleal o el acaparamiento de “ventajas sociales” que vinculan maliciosamente con la inmigración, cuando los extranjeros no son sino unas víctimas más de la brutales políticas de recortes asumidas con la excusa  de la mal llamada austeridad: no es casualidad que en tiempos de políticas restrictivas en lo económico, se busquen y pretendan también recortes de libertades y de derechos y siempre empezando por los colectivos más débiles y vulnerables.

Mientras tanto, en España el Gobierno golpea a la inmigración de forma general a través de los graves recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos que afectan especialmente a la clase trabajadora donde se ubica la inmensa mayoría de la población extranjera en nuestro país.
Por otro lado, se intenta “invisibilizar” la inmigración en España: pareciera que los cinco millones y medio de extranjeros que viven en nuestro país no existieran para el actual Gobierno, que sólo se fija en la emigración española si bien con un discurso confuso y frívolo (espíritu de aventura, movilidad exterior…) sin querer ver a la propia población extranjera en España que -en un contexto de crisis y desempleo salvaje- esta siendo especialmente golpeada por el paro, con graves riesgos para su estabilidad jurídica y documental en muchos casos.

Resaltar en todo caso como muy positivo que en el caso español -con una crisis feroz y un desempleo desatado- socialmente no se han producido respuestas racistas o discriminatorias, y ello se debe precisamente al esfuerzo de los sindicatos desde hace años en presentar la inmigración como un elemento normal de una sociedad española compleja y como un vector más del ámbito sociolaboral de nuestro país.

Sin embargo, el Gobierno insiste en mostrar un aspecto muy menor de la inmigración como son los episodios fronterizos de Ceuta y Melilla, en los cuales –lejos de aclarar los hechos y depurar responsabilidades por la catástrofe del día 6 de febrero– esgrime las dificultades de seguridad del perímetro fronterizo como espantajo  generador de alarma social para justificar políticas represivas ante su propia falta de capacidad de gestión.

Desde CCOO, exigimos a la Unión Europea que abandone los vacuos discursos humanitaristas y desarrolle de forma efectiva sus competencias en materia de gestión de flujos migratorios y de asilo, al tiempo que instamos al Gobierno de España a que aborde de una manera positiva y proactiva las políticas de inmigración y especialmente aquellas destinadas a la integración social de la población extranjera y de la propia población española, normalizando el acceso a los derechos básicos y fundamentales y respetando la dignidad de las personas, a fin de evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social que puedan dar pábulo a discursos racistas, xenófobos e intolerantes como –lamentablemente– estamos asistiendo en otros países de la UE.

Asimismo reclamamos de las fuerzas políticas y de las instituciones - europeas y españolas-  y especialmente del Gobierno de España una “tolerancia cero” con cualquier actitud o discurso que pretenda fomentar una imagen distorsionada de la inmigración que promueva actitudes racistas y/o xenófobas.

Desde CCOO hacemos una llamada a la responsabilidad del Gobierno respecto al abordaje de las cuestiones migratorias, máxime en un contexto de grave crisis como el actual, a fin de evitar fomentar una visión reduccionista de las migraciones que genere respuestas de rechazo y xenofobia. En este sentido no entendemos necesario modificación alguna de la ley de extranjería ni mucho menos “en caliente” para abordar cuestiones que están perfectamente reguladas- desde hace decenios- en nuestra normativa (devoluciones, rechazos, etc) y que nunca han generado disfunciones en la práctica.

Finalmente reclamamos al Gobierno de España un pacto de estado integral e integrador que abarque al conjunto de las fuerzas políticas y desde luego a los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) que somos quienes, en la práctica real, desarrollamos acciones concretas en el mercado de trabajo y en los propios centros de trabajo normalizando de manera cotidiana los procesos migratorios.

Charo González, secretaria de Política Social, Mujer y Migraciones.