¿Podrá Repsol extraer el petróleo español? ¿Y Marruecos?
Fuente: GESI (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional)
Por José Antonio Peña, el 31 de Mayo de 2012
El 29 de mayo Repsol presentó en rueda de prensa su Plan Estratégico 2012-2016: Crecer desde nuestras fronteras, en medio de la polémica generada por la aprobación del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias-1”, “Canarias-2”, “Canarias-3”, “Canarias-4”, “Canarias-5”, “Canarias-6”, “Canarias-7”, “Canarias-8” y “Canarias-9”.
Estos permisos de investigación de hidrocarburos -situados frente a las costas orientales, a unos 60 kms., de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote- son de la máxima relevancia para el Plan Estratégico de la empresa española, y son actualmente titularidad de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (que actúa como operadora), Woodside Energy Iberia, S.A., y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente.
Pese a que el Gobierno de Rajoy incluyó en el Real Decreto 547/2012 medidas de protección medioambientales (conforme a la Ley del Sector de Hidrocarburos y a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos), ha sido recurrido por incumplir la legislación medioambiental, ante el Tribunal Supremo, por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Lanzarote y la organización ecologista WWF España.
Repsol considera que el yacimiento de hidrocarburos de las Islas Canarias podría ser el mayor descubierto en España, del que se podría extraer el 10-15% del consumo anual de petróleo de nuestro país, hasta un máximo de unos 1.000 millones de barriles de petróleo durante 20-30 años, lo que, además de reducir la dependencia energética exterior de España, generaría un impacto económico muy favorable para las Islas y para el país en su conjunto que contribuiría a aliviar la actual crisis financiera y económica.
De hecho, Marruecos ya ha comenzado a realizar exploraciones en esas aguas, en las que no existe una línea divisoria de las Zonas Económicas Exclusivas de España y Marruecos aceptada oficialmente por ambos Estados, sino sólo una división respetada 'de facto' por los dos. De ahí que para España resulte del máximo interés cerrar inmediata y definitivamente la problemática en torno a la titularidad de dichas aguas, y evitar así que en el futuro Marruecos pueda reclamar para sí los mencionados yacimientos de hidrocarburos.
Estos permisos de investigación de hidrocarburos -situados frente a las costas orientales, a unos 60 kms., de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote- son de la máxima relevancia para el Plan Estratégico de la empresa española, y son actualmente titularidad de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (que actúa como operadora), Woodside Energy Iberia, S.A., y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente.
Pese a que el Gobierno de Rajoy incluyó en el Real Decreto 547/2012 medidas de protección medioambientales (conforme a la Ley del Sector de Hidrocarburos y a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos), ha sido recurrido por incumplir la legislación medioambiental, ante el Tribunal Supremo, por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Lanzarote y la organización ecologista WWF España.
Repsol considera que el yacimiento de hidrocarburos de las Islas Canarias podría ser el mayor descubierto en España, del que se podría extraer el 10-15% del consumo anual de petróleo de nuestro país, hasta un máximo de unos 1.000 millones de barriles de petróleo durante 20-30 años, lo que, además de reducir la dependencia energética exterior de España, generaría un impacto económico muy favorable para las Islas y para el país en su conjunto que contribuiría a aliviar la actual crisis financiera y económica.
De hecho, Marruecos ya ha comenzado a realizar exploraciones en esas aguas, en las que no existe una línea divisoria de las Zonas Económicas Exclusivas de España y Marruecos aceptada oficialmente por ambos Estados, sino sólo una división respetada 'de facto' por los dos. De ahí que para España resulte del máximo interés cerrar inmediata y definitivamente la problemática en torno a la titularidad de dichas aguas, y evitar así que en el futuro Marruecos pueda reclamar para sí los mencionados yacimientos de hidrocarburos.
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