Cien folios con el sello de confidencial sientan las bases de la estrategia frente al terrorismo yihadista, la mayor amenaza que se cierne sobre el futuro de España en materia de seguridad. El documento, aprobado hace un año y ahora puesto en marcha, es un plan integral para las próximas décadas que pretende superar el combate estrictamente policial del fenómeno y acudir a su foco: los procesos de radicalización religiosa.
Por primera vez, la lucha contra el terrorismo supera los muros del Ministerio del Interior e implica a distintos departamentos y administraciones. Al frente del plan está el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), el organismo creado en 2004 para acabar con los fallos de colaboración entre Fuerzas de Seguridad que pusieron trágicamente de manifiesto los atentados del 11-M."Prevenir, proteger, perseguir y reparar". Estos son los cuatro pilares sobre los que la Unión Europea sentó en 2009 la lucha contra el terrorismo internacional. Fue entonces cuando los responsables de la seguridad del Estado recibieron instrucciones para elaborar un documento que transpusiera esas directrices y las adaptara a la realidad española. El resultado llegó a la mesa del Consejo de Ministros el pasado verano. Fue bautizado como Estrategia Nacional contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización. Tras su aprobación, el Gobierno lo declaró secreto.
La Estrategia no es ajena a la experiencia acumulada por España en el combate de distintos fenómenos terroristas, especialmente el yihadista a partir de los atentados de Madrid en 2004. Por eso tiene voluntad de coordinar todos los instrumentos ya existentes y las capacidades en materia de inteligencia. Pero también añade elementos novedosos, como una política informativa que impida, o al menos no amplifique, el efecto propagandístico que buscan los terroristas con sus acciones, según revelaron a Público fuentes implicadas en la redacción y desarrollo de la Estrategia.
Fue el fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien mejor entendió las posibilidades de extender el terror a través de la propaganda, más aún con la implantación mundial de internet. Un ejemplo fue la utilización que de los medios de comunicación españoles hizo Al Qaeda para el Magreb Islámico en la negociación que mantuvo con el Gobierno para la liberación de los tres cooperantes secuestrados en Mauritania.
Quiere implantar una política informativa para ganar la guerra de la propaganda'
La Estrategia Nacional tiene tres objetivos genéricos: neutralizar la amenaza, disminuir la vulnerabilidad del Estado ante ella y combatir la radicalización. Para la consecución de ese triple objetivo, se marcan cuatro líneas de actuación, que se identifican con los pilares marcados por la UE de prevenir, proteger, perseguir y reparar los daños. Trabajar con los musulmanes
Es en la gestión del primer objetivo, el de la prevención, donde el Gobierno concentra sus esfuerzos contra los procesos de radicalización. La Estrategia Nacional marca que las Fuerzas de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia investiguen las corrientes radicales del islam que han nutrido ideológicamente a los terroristas en el pasado. Algunas de ellas mantienen una postura ambigua respecto al uso de la violencia y los Servicios de Información ponen de manifiesto la diferencia entre el discurso público de sus líderes y la actividad secreta que luego desarrollan.Para tener éxito en esta labor, la estrategia antiterrorista marca como clave la colaboración con la comunidad musulmana a través las federaciones islámicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Esta es una las áreas en las que el departamento que dirige Francisco Caamaño se ve implicado en el desarrollo del plan.
Países conflictivos
El segundo pilar, el de la protección, tiene una dimensión nacional y otra internacional. En el ámbito interno, la Estrategia Nacional dice que hay que identificar los posibles objetivos de atentado de ahí la implicación del Ministerio de Industria y establecer programas de seguridad. En este sentido, la Estrategia marca la necesidad de implicar a las empresas de seguridad privada. En el plano internacional, se incide en la protección de los intereses españoles en los países más afectados por el terrorismo yihadista. En concreto, el documento cita a Marruecos, Mauritania, Malí, Argelia, Pakistán y Afganistán.El pilar de la persecución se centra en la investigación policial y las tareas de inteligencia, tanto en el ámbito operativo como en el del análisis. Toda la actuación de las Fuerzas de Seguridad y el CNI deberá estar presidida por el principio de coordinación, según marca la Estrategia. El encargado de coordinar a los distintos servicios es el CNCA, que a la tarea que desarrolla desde su creación en 2004, ha unido ahora el control de la implantación de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización. De ahí la reciente ampliación en el número de efectivos que el Centro de Coordinación Antiterrorista ha vivido este año. Tres áreas nuevas se han sumado a las cinco ya existentes y una docena de nuevos analistas se ha incorporado al CNCA, como informó este periódico en mayo. El Centro fija un calendario de reuniones para analizar los avances en la implantación de la Estrategia Nacional e incorporar nuevas directrices, bajo la premisa de que el fenómeno de la amenaza yihadista es cambiante. Las fuentes implicadas hablan de buena recepción hasta ahora por parte de todos los organismos a los que el Ministerio del Interior ha llamado a la puerta.
Reparación de daños
El cuarto pilar se sitúa en el peor de los escenarios, el que sucede a un atentado terrorista. Se trata de "minimizar las consecuencias" con planes adecuados de respuesta, para los que señala la necesidad de una formación permanente. En un apartado específico se aborda el tratamiento a las víctimas del terrorismo, materia en la que España se encuentra a la cabeza entre los países que más han sufrido este fenómeno. La Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior ha sido requerida recientemente por Naciones Unidas para que elabore un manual de buenas prácticas que sirva de modelo al que prepara la ONU.El CNCA también ha entrado en contacto con gobiernos autonómicos para poner en marcha la estrategia. En el ámbito de la Administración local utiliza el canal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En total son seis los Ministerios afectados. A los de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Justicia, la nueva Estrategia ha sumado el de Trabajo e Inmigración y el de Industria, Turismo y Comercio.
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