El islamismo radical se extiende por España y dispara la alarma policial
Fuente: www.larioja.com
Minutos después de que Obama anunciara la muerte del hombre más odiado y buscado del mundo, Internet se incendiaba con promesas de venganza en la docena de foros yihadistas que constituyen el brazo de Al-Qaida en la red. Las amenazas suben de temperatura a la misma velocidad que España ha ido dando órdenes para reforzar la seguridad de sus embajadas en el Norte de África, el Sahel, Afganistán y Pakistán. No somos un país más en el mapa europeo. «Las próximas semanas y meses pueden ser delicados», reconoció ayer nuestro comedido ministro del Interior, deslizando por delante de su mensaje que el final de Bin Laden «no supondrá un riesgo adicional para España». Ya es alto.
Con 1,3 millones de musulmanes, 900 mezquitas y 945 comunidades islámicas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia, el islam español del 2011 apenas se parece al de hace veinte años, el anterior a la avalancha de inmigrantes. Es mucho más variado en su composición y no está nada clara la proporción que se encuentra bajo la influencia del radicalismo, que en cualquier caso «es una minoría», puntualiza el subdirector de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras. Pero es una minoría cada vez menos pequeña y más activa, según las fuerzas policiales, estudiosos universitarios y los propios servicios de inteligencia que hablan de «decenas de miles».
Los informes de la Europol presentados al Parlamento europeo resumen bien el temor de nuestros agentes: «La amenaza de ataques terroristas salafistas -la corriente fanática más ampliamente seguida en nuestro país- habría crecido de manera exponencial en España, particularmente en Cataluña, en los últimos años».
Lo que el Ministerio de Interior jamás confirmará en voz alta, lo han hecho los cables secretos de Wikileaks: «Las autoridades españolas y norteamericanas han identificado a Cataluña como el mayor centro mediterráneo de actividad de radicales islamistas. La alta inmigración legal e ilegal desde el Norte de África, Pakistán y Bangladesh hace de esta región un imán para reclutar terroristas».
El Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) lo venía denunciando antes de la filtración histórica de los informes diplomáticos. «Si no nos ponemos a trabajar todos muy en serio, nos van a comer», alerta un portavoz de la central. Fuentes policiales apuntan a algunas mezquitas de Tarragona, sobre todo la de Reus, como la base de su red de financiación. Lleida y Salt conformarían el eje de captación, «el mayor centro de reclutamiento de Europa». Allí, el poderoso imán Abdelwahab Houzi lanza sus proclamas antioccidentales y «maneja su propia policía para extorsionar a la comunidad. Gente moderada y trabajadora, con sus negocios legales, que pagan sí o sí, por cojones», denuncian las mismas fuentes policiales, que a la par rechazan asociar sin más salafismo y terrorismo.
De esas 900 mezquitas que las Fuerzas de Seguridad tienen cuantificadas en nuestro país, aunque solo están registradas oficialmente 690, un 10% serían radicales. Este porcentaje se dispara al doble en Cataluña según el exhaustivo trabajo que acaba de publicar la política y escritora Pilar Rahola, 'La República islámica de España'. Escuelas coránicas rigoristas donde los niños reciben una educación que recuerda demasiado a la de las madrasas de Afganistán y Pakistán. Niños nacidos en Lérida y Tarragona, pero también en Andalucía o Madrid, que hincan las rodillas en el suelo y golpean su frente contra el suelo mientras recitan hasta la última coma del Corán. Todos ellos son educados en el estricto cumplimiento de las normas inspiradas en la vida de Mahoma.
Ese corredor salafista catalán que tanto preocupa dentro y fuera de nuestras fronteras coincide con el mapa de localidades que han prohibido, o están a punto de hacerlo, el uso del velo integral. Hablamos de Lérida -la primera-, Reus, Tarragona, Cunit o El Vendrell. Zonas donde el 20% de la población musulmana estaría cercana a las teorías más radicales, aunque no exista ningún dato riguroso.
Madrid y el Mediterráneo
El Gobierno ha intentado trazar un mapa islámico interior con información fidedigna. Poner números, sensibilidades y caras a un mundo tan heterogéneo como lo pueden ser un profesor universitario, un acomodado carnicero y un joven indocumentado que no habla el español y vive en la orilla de la marginalidad. De momento, no ha tenido éxito.
Cataluña es el epicentro, pero a los distintos cuerpos policiales inquietan cada vez más los focos de «Madrid, Valencia, Murcia y Granada. Mucho cuidado ahí también. Cada vez se están detectando movimientos más peligrosos», apuntan las fuentes policiales consultadas por V.
Uno de los colectivos que más preocupa a Interior es el de los presos, «extremadamente sensible a la penetración del radicalismo». Desde el 2008 hace un seguimiento especial de los 7.000 musulmanes que cumplen pena en nuestras cárceles. En Alicante II, A Alama, La Moraleja, Madrid III, Madrid V, Madrid VI, Puerto I, Puerto III, Topas, Villabona y Zaragoza un equipo de funcionarios se dedica de forma exclusiva a controlarlos. Dentro es mucho más fácil que fuera, donde es complicado que un guardia civil se pase por musulmán en un barrio habitado por chilabas. «Necesitamos personal que hable árabe, y para eso hace falta un recorrido, tiempo. No es cuestión exclusivamente de dinero, de presupuestos», explica un portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, la mayoritaria, con 31.000 socios. Como su colega de la Policía catalana destaca que el «terrorismo islamista está muy presente en España. No se trata de atemorizar a la gente, sino de ser conscientes de que todas las partes implicadas nos lo debemos tomar muy en serio. Ahora les estamos dando tanta importancia o más que a ETA».
Para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado existe un antes y un después tras el 11-M. «No sabíamos nada y ahora hemos avanzado muchísimo, estamos mejor adiestrados e hilamos más fino, pero hay que seguir avanzando. También los órganos judiciales», precisan en el sindicato de guardia civiles. Porque una cosa es detener y otra conseguir una sentencia condenatoria.
El narcotráfico por el Estrecho es la principal fuente de financiación de los radicales, según el Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los mejores caladeros de pistas para nuestros agentes, que acaban de estrechar lazos con los de Mohamed VI. El problema es que luego va el Supremo y absuelve por falta de pruebas. Ha vuelto a ocurrir este mismo año, con los cinco islamistas arrestados en enero del 2006 en Villanueva y la Geltrú (Barcelona) y condenados por la Audiencia Nacional por reclutar 'muyahidines' para enviarlos a Irak.
Ocurrió en el famoso juicio en el que el juez impidió declarar a una testigo hasta que se retiró parte de su burka. Al líder del grupo, Omar Nachka, le cayeron 9 años en el calabozo. Al resto, entre 8 y 5. Pero el Supremo les ha dejado en la calle. En la sentencia que recurrieron con éxito se apunta que Nachka ayudó a huir de España al autor material de los atentados del 11-M, condenado a 8 años en Marruecos. Le facilitó un pasaporte y 700 euros.
LOS INTERLOCUTORES
Una de las quejas más reiteradas de los sindicatos policiales es que el Gobierno ha aceptado como interlocutores del embrollado mapa del Islam español «a personas radicales, aunque vayan de moderados. Les han reconocido, dado validez. Es uno de nuestros grandes problemas». Y es complejo. El órgano de representación de los musulmanes, la Comisión Islámica de España (CIE), fue fundada en 1992. Pero «no ha sido operativa» al dejar fuera a un tercio de las comunidades registradas en el Ministerio de Justicia, admite su subdirector de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras.
El Ejecutivo les conminó el año pasado a refundarse en una organización más representativa y democrática. También, más independiente de Rabat. El ultimátum da los primeros frutos. El 2 de abril se constituyó el Consejo Islámico Español, que acoge a 28 de las 32 federaciones. «Cuando se integren las 4 restantes, empezaremos a hablar. Deberán presentarnos un proyecto», anuncia Contreras. Entonces, quizás, el ministerio desbloquee la subvención de 623.500 euros que les ha retirado.
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