La extensión en España de las redes más integristas del islam no es un mensaje alarmista, sino una realidad constatada por los servicios de información del Estado, que se apoyan en datos objetivos sobre la actividad de, entre otros, los grupos salafistas.
El salafismo es una corriente del islam que predica una aplicación estricta de las reglas del Corán. Es el movimiento islámico al que se adscribe Al Qaida y en el que esta organización terrorista inserta su objetivo de restaurar el califato en todos los territorios donde alguna vez hubo presencia islámica, como España, identificada como Al Ándalus en todos los escritos incendiarios de Bin Laden y sus secuaces. El seguimiento de los servicios de inteligencia a los grupos salafistas instalados en España ha permitido comprobar un incremento de su actividad, en concreto del número de asambleas, que han pasado de una en 2008 a diez en este año, en diversas localidades de España. Esta ampliación de su campo de acción a todo el territorio nacional demuestra un refuerzo de sus circuitos de captación y financiación, en grado suficiente para potenciar la «yihad» en nuestro país y fuera de él. La investigación sobre el atentado del 11-M puso de manifiesto que España era una base de reclutamiento de terroristas para su exportación a Irak y ahora es una plataforma privilegiada para sus actividades «logísticas» en Europa. El crecimiento de este movimiento salafista en España coincide con la ocupación de amplias zonas del desierto del Sahara por parte de Al Qaida en el Magreb Islámico, la sucursal terrorista de Bin Laden que acosa el norte de África y, en consecuencia, el sur de Europa. El Sahara, en palabras de Rubalcaba, es la principal amenaza para España.
La labor de inteligencia es fundamental para desarticular la actividad terrorista de estos grupos. El problema de los gobiernos occidentales es que los actos conspirativos previos aparentan actos lícitos de reunión y asociación, por lo que resulta muy complejo conseguir sentencias de condena por actos terroristas concretos, quedándose la mayoría de ellas en condenas por pertenencia a organización terrorista o por delitos comunes. Es evidente que ha de aumentarse la presión sobre las redes islamistas más extremas, refugiadas en los beneficios de la democracia y que generan personajes tan siniestros como el iman de Lérida, promotor de una «policía religiosa» que debe ser perseguida. La tolerancia democrática no tiene nada que ver con la indefensión de la sociedad.
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