Fuente: adn.es (3/9/2010)
Human Rights Watch denunció hoy los métodos utilizados por las autoridades marroquíes para investigar una denuncia presentada contra miembros de la mayor asociación islámica de ese país y pidió que se investiguen las acusaciones de tortura contra ellos.
"La detención sin orden judicial, seguida por presuntas torturas en la sede de la Policía nacional, plantean dudas acerca de cómo las autoridades marroquíes están gestionando el caso de los siete destacados miembros de la mayor asociación islámica del país", señaló hoy Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.
Según esa organización de defensa de los derechos humanos, los detenidos, que llevan en prisión preventiva desde el pasado 28 de junio, pertenecen al movimiento Al Adl wal Ihsane (Justicia y Caridad), la asociación islamista más influyente del país.
En los últimos años numerosos miembros y simpatizantes de este movimiento han sido detenidos por la policía marroquí, que acusa frecuentemente a sus dirigentes de organizar reuniones no autorizadas, repartir panfletos y pregonar un discurso religioso radical y anti-occidental.
Los detenidos fueron apresados en una redada en sus domicilios de la localidad de Fez, después de que el 21 de junio los denunciara un antiguo integrante de la organización, al que hacía un mes habían secuestrado y torturado por considerar que trabajaba para el Gobierno y que se había infiltrado en el grupo para espiarlos.
"Se puede investigar convenientemente la denuncia de un ciudadano en contra de otros respetando la presunción de inocencia", defendió hoy Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, en un comunicado.
Añadió que "una operación sin orden judicial de búsqueda y detención en plena madrugada sugiere que la Justicia no es una prioridad en la agenda".
"Un gran número de policías armados vestidos de civil se presentó en sus viviendas el 28 de junio. Los arrestaron, registraron sus casas y confiscaron libros, CDs, 'pendrives', y ordenadores, sin mostrar orden de detención alguna, según sus familiares", apuntó Whitson.
Justicia y Caridad es el mayor movimiento religioso marroquí y la mayor fuerza opositora, que pretende re-islamizar la sociedad de ese país, con especial énfasis en la espiritualidad.
Después de ser detenidos, los hombres (entre los que había funcionarios públicos y profesores universitarios y de secundaria) fueron trasladados a la sede de la Policía en Casablanca, a 250 kilómetros, y no pudieron ver a sus abogados hasta el 1 de julio.
Cuando se reunieron con ellos, y siempre según lo relatado por HRW, los detenidos contaron que habían sido encerrados, desnudados, golpeados y sodomizados, al tiempo que se les habían aplicado descargas eléctricas.
Además, los siete dijeron que se les había obligado a firmar escritos que no pudieron leer previamente.
El 1 de julio, fueron llevados ante el juez Abdelhamid El-Uali, encargado de estudiar la denuncia presentada contra ellos, así como la acusación de pertenencia a una asociación no autorizada, un cargo que, según HRW, no existe en la legislación marroquí.
El juez ordenó que los acusados fueran examinados médicamente para determinar si habían sido torturados, pero esas pruebas no se realizaron hasta los días 7 y 8 de julio, cuando las heridas habían desaparecido en gran parte.
"El respeto del derecho de los detenidos a un examen médico para detectar señales de malos tratos después del interrogatorio se ve socavada cuando tienen que esperar una semana entera", dijo Whitson, quien recordó que, según la ley marroquí, las declaraciones obtenidas mediante tortura o coacción son inadmisibles como prueba.
Según HRW, que se remite a datos de la propia asociación marroquí, entre el 24 de mayo 2006 y 09 de mayo 2009 las autoridades de ese país detuvieron a un total de 5.733 miembros de Justicia y Caridad -que obtuvo el reconocimiento legal como asociación en 1983-, entre ellos 899 mujeres y en su mayoría por cargos tales como participar en manifestaciones no autorizadas y reuniones.
Human Rights Watch denunció hoy los métodos utilizados por las autoridades marroquíes para investigar una denuncia presentada contra miembros de la mayor asociación islámica de ese país y pidió que se investiguen las acusaciones de tortura contra ellos.
"La detención sin orden judicial, seguida por presuntas torturas en la sede de la Policía nacional, plantean dudas acerca de cómo las autoridades marroquíes están gestionando el caso de los siete destacados miembros de la mayor asociación islámica del país", señaló hoy Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.
Según esa organización de defensa de los derechos humanos, los detenidos, que llevan en prisión preventiva desde el pasado 28 de junio, pertenecen al movimiento Al Adl wal Ihsane (Justicia y Caridad), la asociación islamista más influyente del país.
En los últimos años numerosos miembros y simpatizantes de este movimiento han sido detenidos por la policía marroquí, que acusa frecuentemente a sus dirigentes de organizar reuniones no autorizadas, repartir panfletos y pregonar un discurso religioso radical y anti-occidental.
Los detenidos fueron apresados en una redada en sus domicilios de la localidad de Fez, después de que el 21 de junio los denunciara un antiguo integrante de la organización, al que hacía un mes habían secuestrado y torturado por considerar que trabajaba para el Gobierno y que se había infiltrado en el grupo para espiarlos.
"Se puede investigar convenientemente la denuncia de un ciudadano en contra de otros respetando la presunción de inocencia", defendió hoy Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, en un comunicado.
Añadió que "una operación sin orden judicial de búsqueda y detención en plena madrugada sugiere que la Justicia no es una prioridad en la agenda".
"Un gran número de policías armados vestidos de civil se presentó en sus viviendas el 28 de junio. Los arrestaron, registraron sus casas y confiscaron libros, CDs, 'pendrives', y ordenadores, sin mostrar orden de detención alguna, según sus familiares", apuntó Whitson.
Justicia y Caridad es el mayor movimiento religioso marroquí y la mayor fuerza opositora, que pretende re-islamizar la sociedad de ese país, con especial énfasis en la espiritualidad.
Después de ser detenidos, los hombres (entre los que había funcionarios públicos y profesores universitarios y de secundaria) fueron trasladados a la sede de la Policía en Casablanca, a 250 kilómetros, y no pudieron ver a sus abogados hasta el 1 de julio.
Cuando se reunieron con ellos, y siempre según lo relatado por HRW, los detenidos contaron que habían sido encerrados, desnudados, golpeados y sodomizados, al tiempo que se les habían aplicado descargas eléctricas.
Además, los siete dijeron que se les había obligado a firmar escritos que no pudieron leer previamente.
El 1 de julio, fueron llevados ante el juez Abdelhamid El-Uali, encargado de estudiar la denuncia presentada contra ellos, así como la acusación de pertenencia a una asociación no autorizada, un cargo que, según HRW, no existe en la legislación marroquí.
El juez ordenó que los acusados fueran examinados médicamente para determinar si habían sido torturados, pero esas pruebas no se realizaron hasta los días 7 y 8 de julio, cuando las heridas habían desaparecido en gran parte.
"El respeto del derecho de los detenidos a un examen médico para detectar señales de malos tratos después del interrogatorio se ve socavada cuando tienen que esperar una semana entera", dijo Whitson, quien recordó que, según la ley marroquí, las declaraciones obtenidas mediante tortura o coacción son inadmisibles como prueba.
Según HRW, que se remite a datos de la propia asociación marroquí, entre el 24 de mayo 2006 y 09 de mayo 2009 las autoridades de ese país detuvieron a un total de 5.733 miembros de Justicia y Caridad -que obtuvo el reconocimiento legal como asociación en 1983-, entre ellos 899 mujeres y en su mayoría por cargos tales como participar en manifestaciones no autorizadas y reuniones.
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