Musulmanes, al asalto de los ayuntamientos: “Somos islámicos como el PP cristiano”

Fuente: El Confidencial (20/1/2010)

Ayuntamientos como el de Vic no tendrán tan fácil impedir que los extranjeros sin papeles se empadronen, si en los salones de plenos se sientan concejales inmigrantes. Con esta premisa comienzan a surgir formaciones como el Partido Renacimiento y Unión de España (PRUNE), el primero de inspiración islámica que aspira a presentarse en toda España en los comicios locales de 2011. Unas elecciones donde unos 650.000 inmigrantes extracomunitarios podrán ejercer su derecho al voto gracias a los convenios internacionales firmados por el Gobierno. A esta cifra hay que añadir los residentes procedentes de la Unión Europea, cuyo grupo más numeroso, los rumanos, suponen una población de unas 800.000 personas.

Por ahora, el PRUNE no puede contar con los más de 700.000 marroquíes que viven en España, ya que el reino alauí no permite la reciprocidad, es decir, que los españoles puedan votar en Marruecos. Por ello, Mostafa Bakkach (Tánger, 1964), fundador de este partido, reclama a las autoridades de su país de origen que llegue a un acuerdo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Marruecos debe hacer un esfuerzo, porque los inmigrantes no pueden ser ciudadanos de segunda, deben poder votar en el municipio donde viven y trabajan”, señaló Bakkach a este diario, quien sueña con poder disfrutar algún día del voto de los 1,3 millones de musulmanes que habitan en España. Mientras, busca el respaldo del resto de minorías, sin importar su origen asiático, africano o hispanoamericano. El Ejecutivo ha negociado convenios bilaterales con países tan diversos como Argentina, Colombia, Perú, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela. También lo intentó con Marruecos, Brasil, México y República Dominicana, para la legislación de estos países impide votar a los extranjeros. Para convencer a estos cientos de miles de votantes, Bakkach insiste en que su partido es “abierto, moderado e independiente”, y que pretende luchar por las minorías y los más desfavorecidos.

Sin embargo, entre sus fines no oculta que se encuentra el Islam como “fuente de principios” para “la regeneración la moral y ética la sociedad española”. ¿Significa algo así como imponer un código islámico o la temida Sharia? Bakkach lo niega tajantemente. El líder de PRUNE, afincado en Granada, es periodista y escritor, pero también vocal de la Comisión Islámica y vicepresidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. “No somos islamistas, ni marionetas de Marruecos, ni aceptamos financiación del extranjero. Acatamos la Constitución y la ley española, y no queremos imponer nada a nadie”, aseguró.

Un nuevo mapa electoral en 2011

Así, Bakkach defiende que el carácter musulmán de un partido no lo hace menos democráticos: “Somos de raíz islámica como el PP es cristiano. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el Gobierno en temas como el aborto.” Su implantación es todavía un misterio. Se niegan a comunicar su número de afiliados hasta el próximo mes, cuando llevarán a cabo un acto público de presentación. En cambio, reconocen que se han establecido en Granada y Asturias, y que trabajan para abrir sus próximas sedes en Madrid, Barcelona y Valencia.Pero, más allá del futuro que pueda tener este primer intento de articular un partido de minorías, la controversia en torno a Vic ha vuelto a colocar a la inmigración en el centro de la agenda política. El equipo municipal que acordó no inscribir a los sin papeles está compuesto por la heterogénea coalición de CiU, PSC, ERC, apoyada en esta materia por el partido ultra Plataforma per Catalunya. Alicia Sánchez-Camacho, candidata del PP a la Generalitat, anunció que la inmigración será “un eje prioritario” en su campaña electoral. Y el Gobierno catalán, pese a asegurar ayer que “no admitirá” el uso “partidario, oportunista y demagógico” de esta materia, no ha sido capaz de zanjar el debate a tiempo. Tampoco el Ejecutivo central, que considera que la ley obliga a los consistorios a empadronar a todos sus vecinos.

La controversia puede ser aún mayor en 2011, sobre todo si la crisis económica continúa castigando al conjunto de la población, y los principales partidos siguen sin dar respuestas claras al complejo asunto de la inmigración. Las formaciones con mensajes xenófobos pueden tener su oportunidad, pero también los propios inmigrantes, que si se comprometen políticamente, pueden cambiar el panorama político de muchos ayuntamientos. Incluido Vic.