Fuente: laverdad.es
Las ideas colonialistas que se extendían por Europa desde principio del siglo XIX, así como la creciente atención de las grandes potencias en el continente africano, que encerraba grandes posibilidades de reparto, tuvieron su eco en España iniciándose, en 1884, su presencia colonial en el Sahara Occidental. Las fronteras del nuevo territorio quedaron delimitadas en sucesivos tratados hispano-franceses, aunque no fue hasta 1934 cuando los jefes tribales saharauis firmaron su "sometimiento amistoso" a las autoridades españolas. Casi un cuarto de siglo después, el Gobierno emitió un Decreto según el cual tanto los dos territorios del África Occidental, Ifni y Sáhara, como la Guinea Ecuatorial, adquirieron el estatus de provincias, equiparables a todos los efectos al resto de las que componían la nación española.
En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del proceso de descolonización que se estaba produciendo en África, Asia y América, pidió formalmente a España que pusiese fin a la situación colonial del territorio. A partir de este momento, se sucedieron diferentes actuaciones oficiales por parte de la ONU a favor del derecho inalienable de los saharauis a la autodeterminación que contó con el beneplácito de España, aunque sus acciones supusieron un continuo retraso, aduciendo que los preparativos necesarios para trasladar el poder a los saharauis requería tiempo, ya que era necesario prepararlos técnica y políticamente para que pudieran asumir la responsabilidad del poder. Pero, en diciembre de 1973, el Gobierno español dio un nuevo giro en su postura y empezó a preparar la independencia del Sahara, anunciando, meses más tarde, que en el primer semestre de 1975 se celebraría el referéndum de autodeterminación.
Dicho anuncio causó sorpresa a todas las partes interesadas en el territorio, y muy especialmente a Marruecos, que no estaba dispuesto a permitir que esta nación acabase con su sueño expansionista. Por ello, solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) un dictamen sobre sus derechos de soberanía sobre el Sáhara. Aunque el dictamen del Tribunal negó al Reino alauí su pretensión de anexionarse este territorio, Hassan II, haciendo una lectura parcial del veredicto, lanzó la 'Marcha Verde' con el propósito de desalojar a los españoles y ocupar la antigua colonia, un territorio que consideraba como propio.
En el seno de Naciones Unidas no fue bien recibida la decisión de Marruecos. Por su parte, España había iniciado su propia estrategia y efectuaba un doble juego, por una parte, defendía ante la ONU el proceso de autodeterminación del Sáhara, pero, por otra, mantenía contactos con Marruecos, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar un conflicto armado. Finalmente, el 8 de noviembre el monarca alauí pronunció un discurso a su nación en la que pedía a la Marcha Verde su regreso al punto de partida.
La cesión del territorio
El 14 de noviembre de ese mismo año, en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el Gobierno español entregó la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. El futuro del territorio se había resuelto sin consultar a la población saharaui ni con la aprobación del Frente Polisario, creado en 1973 para luchar por la independencia contra la potencia colonial y para defender su territorio de cualquier ataque contra su integridad territorial, especialmente de Marruecos que desde el otro lado de la frontera soñaba con la expansión a costa del Sáhara.
El 26 de febrero de 1976, en una carta dirigida al Secretario General, el representante permanente de España ante la ONU daba por finalizada la presencia española en este territorio. Había cedido a Marruecos y Mauritania la administración del territorio - por lo que se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la misma- pero no su soberanía, puesto que ésta le correspondía única y exclusivamente al propio pueblo saharaui.
En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del proceso de descolonización que se estaba produciendo en África, Asia y América, pidió formalmente a España que pusiese fin a la situación colonial del territorio. A partir de este momento, se sucedieron diferentes actuaciones oficiales por parte de la ONU a favor del derecho inalienable de los saharauis a la autodeterminación que contó con el beneplácito de España, aunque sus acciones supusieron un continuo retraso, aduciendo que los preparativos necesarios para trasladar el poder a los saharauis requería tiempo, ya que era necesario prepararlos técnica y políticamente para que pudieran asumir la responsabilidad del poder. Pero, en diciembre de 1973, el Gobierno español dio un nuevo giro en su postura y empezó a preparar la independencia del Sahara, anunciando, meses más tarde, que en el primer semestre de 1975 se celebraría el referéndum de autodeterminación.
Dicho anuncio causó sorpresa a todas las partes interesadas en el territorio, y muy especialmente a Marruecos, que no estaba dispuesto a permitir que esta nación acabase con su sueño expansionista. Por ello, solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) un dictamen sobre sus derechos de soberanía sobre el Sáhara. Aunque el dictamen del Tribunal negó al Reino alauí su pretensión de anexionarse este territorio, Hassan II, haciendo una lectura parcial del veredicto, lanzó la 'Marcha Verde' con el propósito de desalojar a los españoles y ocupar la antigua colonia, un territorio que consideraba como propio.
En el seno de Naciones Unidas no fue bien recibida la decisión de Marruecos. Por su parte, España había iniciado su propia estrategia y efectuaba un doble juego, por una parte, defendía ante la ONU el proceso de autodeterminación del Sáhara, pero, por otra, mantenía contactos con Marruecos, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar un conflicto armado. Finalmente, el 8 de noviembre el monarca alauí pronunció un discurso a su nación en la que pedía a la Marcha Verde su regreso al punto de partida.
La cesión del territorio
El 14 de noviembre de ese mismo año, en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el Gobierno español entregó la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. El futuro del territorio se había resuelto sin consultar a la población saharaui ni con la aprobación del Frente Polisario, creado en 1973 para luchar por la independencia contra la potencia colonial y para defender su territorio de cualquier ataque contra su integridad territorial, especialmente de Marruecos que desde el otro lado de la frontera soñaba con la expansión a costa del Sáhara.
El 26 de febrero de 1976, en una carta dirigida al Secretario General, el representante permanente de España ante la ONU daba por finalizada la presencia española en este territorio. Había cedido a Marruecos y Mauritania la administración del territorio - por lo que se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la misma- pero no su soberanía, puesto que ésta le correspondía única y exclusivamente al propio pueblo saharaui.
El papel de Naciones Unidas
Tras el posterior reparto del territorio, alrededor de cien mil marroquíes se instalaron en esta región y gran parte de la población saharaui se vio obligada a huir, en su mayoría a los campos de refugiados en Tinduf, al sur de Argelia. Los saharauis, representados por el Frente Polisario, y el Ejército de Marruecos se enzarzaron en violentos combates, que se intensificaron con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1979, Mauritania decidió retirarse de la guerra y su parte de territorio saharaui fue rápidamente ocupada por las tropas marroquíes. Los ataques entre ambos bandos se prolongaron hasta el alto el fuego decretado en 1991 por mediación de la ONU y de la Organización para la Unidad Africana.
Desde entonces y hasta hoy, el papel de Naciones Unidas ha sido siempre “el de la incitación a la descolonización y negociación con los países vecinos e interesados”, para la consecución de un Plan de Paz que terminase con el contencioso. Se creó entonces la MINURSOn encargada de velar por el cumplimento del alto el fuego y por la transparencia en el proceso electoral que debía comenzarse. Durante cuatro años, se enfrentó a las trabas que oponía Marruecos al proceso de identificación de aquellas personas con derecho a voto en el referéndum, intentando incluir en las listas a naturales de este país.
En 1996 el proceso de paz y la misión de la ONU se encontraban al borde del colapso final, sin que se hubiese llegado a ningún acuerdo fructífero entre ambas partes. Ese mismo año, Kofi Annan pasó a ocupar el Secretariado General de la organización internacional, y se habló entonces de relanzar el proceso de paz. Se envió a la zona para tal cometido a James Baker, quien consiguió reunir a las partes de modo que en el verano de 1997 se firmó el acuerdo de Houston, cuyo punto más importante es el compromiso de presentar una lista definitiva de votantes en el verano de 1998. Llegada esta fecha, el Polisario se negó a aceptar la propuesta de Marruecos de incluir a 60.000 nuevos votantes, ya que esto supondría alargar el proceso durante un año más y los refugiados saharauis comenzaron a demandar soluciones concretas ante su frágil situación. Aún así, la maniobra marroquí tuvo éxito y Naciones Unidas decidió retrasar el referéndum un año más.
Seguirán contándose los éxitos diplomáticos del lado marroquí, y a pesar del cambio de monarca tras el deceso de Hasan II y la coronación de Mohamed VI, el Reino alauí no cambiará su actitud. Ante el punto de inmovilidad al que llegó el proceso, el enviado especial de Naciones Unidas al territorio propuso los planes Baker I y II, sin que se llegase a salir del estancamiento en el que se hallaban las negociaciones.
Después de un impasse de más de 10 años y del fracaso de estas dos iniciativas, Marruecos y el Frente Polisario se reunieron, a mediados del año 2007 en Estados Unidos. Pero en los diálogos de Manhasset las posiciones de las dos partes volvieron a chocar. La postura del Polisario es el derecho a la autodeterminación, por lo que trata de acordar las modalidades del referéndum aplazado desde 1991. Para Rabat, su postura refleja un plan unilateral de facultades autonómicas para el Sáhara, que descarta el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, su eventual independencia. Después de algunos encuentros entre las dos delegaciones, el diálogo se encuentra estancado, lo que hace presagiar que todavía queda un largo camino para llegar a la solución definitiva
Tras el posterior reparto del territorio, alrededor de cien mil marroquíes se instalaron en esta región y gran parte de la población saharaui se vio obligada a huir, en su mayoría a los campos de refugiados en Tinduf, al sur de Argelia. Los saharauis, representados por el Frente Polisario, y el Ejército de Marruecos se enzarzaron en violentos combates, que se intensificaron con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1979, Mauritania decidió retirarse de la guerra y su parte de territorio saharaui fue rápidamente ocupada por las tropas marroquíes. Los ataques entre ambos bandos se prolongaron hasta el alto el fuego decretado en 1991 por mediación de la ONU y de la Organización para la Unidad Africana.
Desde entonces y hasta hoy, el papel de Naciones Unidas ha sido siempre “el de la incitación a la descolonización y negociación con los países vecinos e interesados”, para la consecución de un Plan de Paz que terminase con el contencioso. Se creó entonces la MINURSOn encargada de velar por el cumplimento del alto el fuego y por la transparencia en el proceso electoral que debía comenzarse. Durante cuatro años, se enfrentó a las trabas que oponía Marruecos al proceso de identificación de aquellas personas con derecho a voto en el referéndum, intentando incluir en las listas a naturales de este país.
En 1996 el proceso de paz y la misión de la ONU se encontraban al borde del colapso final, sin que se hubiese llegado a ningún acuerdo fructífero entre ambas partes. Ese mismo año, Kofi Annan pasó a ocupar el Secretariado General de la organización internacional, y se habló entonces de relanzar el proceso de paz. Se envió a la zona para tal cometido a James Baker, quien consiguió reunir a las partes de modo que en el verano de 1997 se firmó el acuerdo de Houston, cuyo punto más importante es el compromiso de presentar una lista definitiva de votantes en el verano de 1998. Llegada esta fecha, el Polisario se negó a aceptar la propuesta de Marruecos de incluir a 60.000 nuevos votantes, ya que esto supondría alargar el proceso durante un año más y los refugiados saharauis comenzaron a demandar soluciones concretas ante su frágil situación. Aún así, la maniobra marroquí tuvo éxito y Naciones Unidas decidió retrasar el referéndum un año más.
Seguirán contándose los éxitos diplomáticos del lado marroquí, y a pesar del cambio de monarca tras el deceso de Hasan II y la coronación de Mohamed VI, el Reino alauí no cambiará su actitud. Ante el punto de inmovilidad al que llegó el proceso, el enviado especial de Naciones Unidas al territorio propuso los planes Baker I y II, sin que se llegase a salir del estancamiento en el que se hallaban las negociaciones.
Después de un impasse de más de 10 años y del fracaso de estas dos iniciativas, Marruecos y el Frente Polisario se reunieron, a mediados del año 2007 en Estados Unidos. Pero en los diálogos de Manhasset las posiciones de las dos partes volvieron a chocar. La postura del Polisario es el derecho a la autodeterminación, por lo que trata de acordar las modalidades del referéndum aplazado desde 1991. Para Rabat, su postura refleja un plan unilateral de facultades autonómicas para el Sáhara, que descarta el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, su eventual independencia. Después de algunos encuentros entre las dos delegaciones, el diálogo se encuentra estancado, lo que hace presagiar que todavía queda un largo camino para llegar a la solución definitiva
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