Fuente: WebIslam (26/11/2009)Un curso en Sevilla analiza los aspectos jurídicos y las políticas de gestión de la diversidad religiosa y la laicidad del Estado.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, han organizado en Sevilla, durante los días 25 al 27, un curso sobre Políticas Públicas y Diversidad Religiosa, enmarcado dentro del programa de formación continua del plan interadministrativo del Ministerio de Justicia y la FEMP, dirigido principalmente a los empleados públicos o cargos electos de las tres Administraciones Territoriales que desempeñen su labor en cualquiera de las aéreas relacionadas con servicios sociales, igualdad, inmigración, urbanismo, seguridad o pluralismo religioso.
Los objetivos del mismo tratan de sensibilizar, orientar y transmitir a los responsables de las políticas públicas algunas de las claves que caracterizan la realidad jurídica de la libertad religiosa y estimularles para que adquieran una mayor conciencia acerca del trasfondo de la diversidad y el laicismo en nuestra sociedad.
En la primera jornada han intervenido los máximos responsables en materia de jurisdicción y gestión de la libertad religiosa a nivel central del Estado. Álvaro Cuesta Martínez, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y miembro del PSOE, expuso de forma panorámica los fundamentos de la Ley de Libertad religiosa y los acuerdos de cooperación con las confesiones de notorio arraigo; José María Contreras, Director General de Relaciones con las Confesiones, habló sobre “el hecho religioso y los desafíos que plantea a las ciudades”, y Montserrat Coll Calaf, Directora General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, expuso el papel de Cataluña en el tratamiento de la libertad religiosa.
En el conjunto del discurso público acerca de la libertad religiosa en el espacio laico, "queda mucho por avanzar", reconoció Álvaro Cuesta. Cuestiones como el actual modelo de financiación de la iglesia católica, según Cuesta, encarnan el “germen de la discriminación”. Y es que las religiones "no deben desempeñar un papel de fronteras, sino de reconocimiento e integración". Las disposiciones generales de la actual ley, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa exigen una mejora en la composición del modelo de ciudadanía, donde todavía hay algunas deficiencias y vacíos.
A nivel jurídico, la nación española queda definida como un Estado laico aconfesional, recordó Contreras. Aspecto que parece contrastar con la gestión y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como la actitud de la sociedad civil, quienes carecen hoy día de muchos conceptos fundamentales concernientes al ejercicio de la libertad de conciencia y el sostenimiento del pluralismo religioso. Y no sólo de conceptos, sino de iniciativas, sensibilidad, voluntad e instrumentos para el desarrollo positivo de las leyes en esta materia. "No se puede seguir sosteniendo la idea de que para ser un español normal se ha de ser católico, mientras que los que profesan otra creencia son considerados extraños o como si no fueran de aquí”, sentenció el Director General. "Hay que cambiar esa mentalidad si queremos una verdadera igualdad entre todos los individuos de la sociedad", concluyó.
No son pocas las voces que reclaman una reformulación de esta ley, que se encuentra en la cuerda floja. Lo cierto es que algunos esperaban escuchar detalles sobre las modificaciones del contenido de la misma, pero los ponentes no llegaron a pronunciarse sobre ello. Aunque, Montserrat Coll sí esbozó las claves de la nueva Ley catalana sobre los Centros de Culto, que ha entrado en vigor recientemente.
En cuanto a los Acuerdos de Cooperación, firmados con el Estado en 1992, las advertencias son aun más severas, ya que apuntan a un replanteamiento completo en la plasmación legal de los derechos de las confesiones, que deberían ser incorporados al contenido fundamental de una nueva ley de libertad de culto o, más precisamente, de conciencia.
Una presunta reforma de esa envergadura tendría un gran impacto en la concepción y el desarrollo de la laicidad positiva en el marco del estado español, que alcanzaría mayores cotas de neutralidad, separación entre religión y poder y, probablemente, cooperación.
Los objetivos del mismo tratan de sensibilizar, orientar y transmitir a los responsables de las políticas públicas algunas de las claves que caracterizan la realidad jurídica de la libertad religiosa y estimularles para que adquieran una mayor conciencia acerca del trasfondo de la diversidad y el laicismo en nuestra sociedad.
En la primera jornada han intervenido los máximos responsables en materia de jurisdicción y gestión de la libertad religiosa a nivel central del Estado. Álvaro Cuesta Martínez, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y miembro del PSOE, expuso de forma panorámica los fundamentos de la Ley de Libertad religiosa y los acuerdos de cooperación con las confesiones de notorio arraigo; José María Contreras, Director General de Relaciones con las Confesiones, habló sobre “el hecho religioso y los desafíos que plantea a las ciudades”, y Montserrat Coll Calaf, Directora General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, expuso el papel de Cataluña en el tratamiento de la libertad religiosa.
En el conjunto del discurso público acerca de la libertad religiosa en el espacio laico, "queda mucho por avanzar", reconoció Álvaro Cuesta. Cuestiones como el actual modelo de financiación de la iglesia católica, según Cuesta, encarnan el “germen de la discriminación”. Y es que las religiones "no deben desempeñar un papel de fronteras, sino de reconocimiento e integración". Las disposiciones generales de la actual ley, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa exigen una mejora en la composición del modelo de ciudadanía, donde todavía hay algunas deficiencias y vacíos.
A nivel jurídico, la nación española queda definida como un Estado laico aconfesional, recordó Contreras. Aspecto que parece contrastar con la gestión y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como la actitud de la sociedad civil, quienes carecen hoy día de muchos conceptos fundamentales concernientes al ejercicio de la libertad de conciencia y el sostenimiento del pluralismo religioso. Y no sólo de conceptos, sino de iniciativas, sensibilidad, voluntad e instrumentos para el desarrollo positivo de las leyes en esta materia. "No se puede seguir sosteniendo la idea de que para ser un español normal se ha de ser católico, mientras que los que profesan otra creencia son considerados extraños o como si no fueran de aquí”, sentenció el Director General. "Hay que cambiar esa mentalidad si queremos una verdadera igualdad entre todos los individuos de la sociedad", concluyó.
No son pocas las voces que reclaman una reformulación de esta ley, que se encuentra en la cuerda floja. Lo cierto es que algunos esperaban escuchar detalles sobre las modificaciones del contenido de la misma, pero los ponentes no llegaron a pronunciarse sobre ello. Aunque, Montserrat Coll sí esbozó las claves de la nueva Ley catalana sobre los Centros de Culto, que ha entrado en vigor recientemente.
En cuanto a los Acuerdos de Cooperación, firmados con el Estado en 1992, las advertencias son aun más severas, ya que apuntan a un replanteamiento completo en la plasmación legal de los derechos de las confesiones, que deberían ser incorporados al contenido fundamental de una nueva ley de libertad de culto o, más precisamente, de conciencia.
Una presunta reforma de esa envergadura tendría un gran impacto en la concepción y el desarrollo de la laicidad positiva en el marco del estado español, que alcanzaría mayores cotas de neutralidad, separación entre religión y poder y, probablemente, cooperación.
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