Fuente: La Verdad (2/7/2008)
El Delegado del Gobierno asegura que la Policía no le informó de la magnitud de la operación contra la inmigración ilegal y que de haberlo sabido «no la habría autorizado»
La Delegación del Gobierno admitió ayer que la redada contra la inmigración ilegal desplegada por la Policía el viernes en Torre Pacheco fue «desproporcionada y desmedida», y anunció que ha abierto una investigación para analizar el desarrollo de la operación, que ha sido calificada por asociaciones de inmigrantes de «caza brutal».
Pese a ser el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la Región, el delegado del Gobierno aseguró ayer que no fue informado de la magnitud de la operación cuando se le pidió su autorización antes de realizarla. «Yo fui el primer sorprendido por la dimensión de la actuación, que no se corresponde con la línea de actuación de esta Delegación del Gobierno», aseguró González Tovar, cuatro días después de la operación. Según explicó ayer, la Policía le solicitó su autorización para realizar una operación «rutinaria» contra la inmigración ilegal. En esa petición, no se especificaba la magnitud de la redada ni el número de agentes que participarían en ella.
«De haberlo sabido, no hubiera autorizado la operación», afirmó ayer con contundencia González Tovar, que quiso pedir disculpas a todos los afectados «por el excesivo tiempo» que los agentes los tuvieron retenidos, ya que, a su juicio, el trato que recibieron «fue aceptable». La intervención policial, según algunas fuentes, fue grabada en vídeo, lo que permitirá conocer las circunstancias que rodearon la acción policial.
El «control rutinario» para el que se solicitó la autorización de la Delegación del Gobierno no se correspondió el viernes por la tarde con una operación cotidiana de las que se realizan en la Región periódicamente. Más de 300 ciudadanos de origen extranjero fueron sacados de bares y cafeterías, detenidos a las puertas de la mezquita o interceptados en plena calle por los más de 70 agentes, que tomaron el municipio cortando una de sus avenidas principales y fueron reuniendo a cientos de personas en tres plazas céntricas de la localidad.
Los extranjeros fueron retenidos durante más de cuatro horas en un parque rodeados de policía, mientras se realizaban las tareas de identificación. Sesenta ciudadanos de veinte nacionalidades fueron detenidos por no tener los papeles de residencia en regla. Sobre nueve de ellos pesa una orden de expulsión, y el resto se encuentra en sus casas con expedientes de expulsión abiertos.
La redada, cuyas imágenes fueron recogidas por varios medios de comunicación nacionales, ha sido calificada de «caza al inmigrante» y de intervención «vergonzosa» por asociaciones de inmigrantes, que han mostrado su indignación.
La Delegación del Gobierno no ha dado por cerrado el asunto, ya que, según anunció ayer González Tovar, «se está investigando cómo se desarrolló y se va a analizar la situación para ver los posibles fallos y errores dentro de esta situación puntual». Los informes de la actuación policial han comenzado a llegar a la Delegación, pero González Tovar no quiso pronunciarse ayer sobre ellos y espera a tener toda la información en su poder.
El procedimiento seguido antes de poner en marcha el operativo del viernes es, según la Delegación del Gobierno, el habitual. «La Policía informa de que se va a realizar una operación, pero no del número de agentes que van a tomar parte en ella», afirmó González Tovar.
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