España y las comunidades islámicas

Fuente: Forum Libertas, WebIslam (http://www.webislam.com/?idt=16707)

Las comunidades islámicas deben ser tratadas como lo que son: realidades religiosas a respetar en el marco básico que establece la Constitución.

La existencia en España de un buen número de comunidades islámicas constituye una realidad que todavía no está bien integrada en nuestro imaginario colectivo y en la práctica política y social que de él se deriva. Existen unos criterios profundamente contradictorios, que van del intento de manipulación política al rechazo de una cultura surgida de un hecho religioso substancialmente distinto.

Pero, dicho esto, hay que advertir que las distintas comunidades islámicas deben ser tratadas como lo que son: realidades religiosas a respetar en el marco básico que establece la Constitución, nada más y nada menos. No pueden existir medidas específicas por parte del Estado. Los servicios de inteligencia no pueden tratar las mezquitas como presuntos centros de terroristas, lo cual no significa la inacción sino una gran restricción a la hora de intervenir, algo que solo puede darse caso a caso y bajo la cobertura judicial. Que unos grupos religiosos sean radicales en el rechazo de esta sociedad no los convierte en presuntos delincuentes, porque para serlo es necesaria la presunción de un ilícito concreto que nunca puede ser el delito de opinión.

Los católicos, en una mal entendida y suicida interpretación, no pueden contribuir a criminalizar la opinión religiosa, primero porque atenta contra la libertad, y segundo porque se nos volverá en contra de nosotros mismos. El rechazo moral y religioso de las instituciones o de un determinado sistema social no equivale a ser considerado como un presunto terrorista.

Existe otro tipo de error propio de la "progresía" que oscila entre el papanatismo cultural y el auto-odio. Una de sus manifestaciones sería la idea de convertir a los imanes en una especie de funcionarios del Estado, pagados y controlados por el Estado. Esta orientación atractiva para alguno de ellos como "modus vivendi", se argumenta en términos de asegurar que tales dirigentes religiosos no sean peligrosos y estén formados de acuerdo con nuestro marco legal y cultural (mejor dicho, del marco que determina el Estado, que no es exactamente lo mismo).

Otro enfoque, este social, incurre en el grave error de confundir igualdad de derechos religiosos con la pérdida de la identidad cultural cristiana que caracteriza a nuestro país, y que no constituye una cuestión de fe religiosa. Los componentes culturales cristianos han nacido ciertamente de la fe, pero son autónomos de ella y constituyen una realidad fruto de un proceso histórico que nos dota de identidad. Abolir el Belén en la escuela pública, suprimir toda referencia a la Navidad para convertirla en una ignota “fiesta de invierno” en nombre del respeto a otras religiones -léase Islam-, o que los voluntarios de la Cruz Roja de España luzcan la media luna del Islam al lado de la cruz, es confundir el culo con la témporas. ¿Acaso no es posible una valoración positiva y respetuosa de una religión con la que compartimos muchas cosas, sin por ello capar nuestra propia realidad?

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